Tribunal Poco Constitucional

12. julio 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Poco ha tardado la nueva mayoría conservadora del Tribunal Constitucional en definir las pautas que van a marcar su ejercicio. La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por Mariano Rajoy contra el decreto andaluz antidesahucios (medida que lleva aparejada la suspensión cautelar automática de la norma recurrida, por ser el presidente del Gobierno el que promueve el recurso) bien podría ser motivo para incluir el adjetivo “Poco” entre las dos palabras que dan nombre a este órgano jurisdiccional.

Y es que da la impresión de que sus nuevas señorías se han mirado “Poco” el texto de nuestra Carta Magna antes de decretar la admisión a trámite del recurso de Rajoy. Un estudio más detallado les hubiera permitido comprobar que el artículo 128 dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Este único argumento ya sería razón suficiente para haber rechazado el recurso, máxime si tenemos en cuenta que el poder constituyente primario de nuestro país decidió en 1978 que fuera éste y no otro el principio general que encabeza el Título VII de la Constitución, dedicado al epígrafe “Economía y Hacienda”.

Pero hay más. Los magistrados también parecen haber ignorado que la Constitución Española exige a los poderes públicos que protejan social, económica y jurídicamente a las familias (art. 39), y que establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47).

Quienes han decidido anteponer el derecho constitucional a la propiedad privada de bancos y promotoras inmobiliarias, frente al derecho constitucional a una vivienda digna, ni siquiera han reparado en el artículo 33, que dice textualmente: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.  3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

De todo esto resulta, pues, que la propiedad privada tiene una función social, que en virtud de ésta puede ser delimitada, y que uno de los motivos para privar a alguien de su propiedad (indemnización mediante) es el interés social. Estos son contenidos constitucionales que el Tribunal Constitucional debería defender, en lugar de basar sus decisiones en la alarma creada por el término “expropiación” en el Gobierno de España y en determinadas instituciones europeas.

En este punto, cabe recordar, además, que el decreto andaluz antidesahucios no habla de expropiar las viviendas, sino de establecer una apropiación pública temporal sobre el uso de esos bienes inmobiliarios (justiprecio mediante) para favorecer que cumplan la función social que les atribuye el artículo 47 de la Constitución Española.

Seguramente, los detractores del decreto andaluz argumentarán que el Constitucional debe pronunciarse sobre esta supuesta colisión de derechos, y que la suspensión cautelar es lo más indicado mientras los magistrados deciden. Sin embargo, esta discusión bizantina sobre algo que ya está perfectamente definido en el articulado de la Carta Magna, puede dejar en la calle durante los próximos cinco meses a cientos de familias andaluzas que, de no estar suspendido el decreto antidesahucios, quedarían protegidas por los poderes públicos.

En cualquier caso, para ese debate que ahora comienza hay que recordar que, del mismo modo que un juez ordinario está obligado a aplicar la ley que existe por no ser su función legislar sino juzgar, un magistrado del Tribunal Constitucional tiene la obligación de interpretar la Carta Magna que existe, con arreglo a sus propios contenidos, e incluso desoyendo los susurros procedentes de la caverna mediática, de un presidente plasmático o de la mismísima Troika.

 

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