Vaciar los derechos sociales

3. octubre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La derecha española ha emprendido el camino inverso al que la llevó a encontrarse con el resto del país en el consenso constitucional de 1978. Si anteayer Jaime Mayor Oreja cuestionaba la idoneidad de informar sobre las manifestaciones en los medios de comunicación, ayer era la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, la que se permitía opinar sobre la necesidad de limitar el derecho de manifestación para –según ella– “racionalizar el uso del espacio público”.

Con sus declaraciones a RNE, Cifuentes se sitúa en el campo de quienes consideran los derechos ciudadanos como una especie de estorbo que sólo sirve para dificultar el desarrollo del orden económico natural, que por supuesto, es el ultraliberalismo.

Establecer servicios mínimos excesivos acaba con el derecho constitucional a la huelga; “sugerir” que los medios no informen sobre las movilizaciones sociales constituye un atentado contra la libertad de prensa; plantear la necesidad de trasladar las manifestaciones a “manifiestódromos” aislados (como ya ha planteado alguna ilustre periodista de la ultraderecha de este país) supone arrancar de su hábitat natural a la ciudadanía que protesta; eliminar el salario de los cargos públicos (como va a hacer Cospedal en Castilla–La Mancha) significa acabar de facto con el derecho de sufragio pasivo en nuestro país ya que, aparte de los caciques y los rentistas, sólo unos pocos podrán permitirse el lujo de abandonar sus trabajos remunerados para ejercer el voluntariado institucional durante cuatro años.

Así uno a uno van cayendo los pilares que dieron lugar al consenso constitucional de 1978, evidenciando la reserva mental que la derecha de este país mantuvo desde el primer momento acerca de los mismos.

En lugar de intentar limitar el derecho de manifestación alegando que, en lo que va de año se han convocado más de 2.000 movilizaciones sociales en la capital, el Gobierno de España y su delegada en Madrid deberían preguntarse primero por las razones de semejante descontento social, para después poner en marcha las políticas económicas necesarias para contrarrestarlo, y de paso, para alcanzar la recuperación económica del país.

Incrementar la partida presupuestaria destinada a la búsqueda de fugados de la Justicia también sería una buena idea.

 

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