Victoria (social y judicial) sobre el neoliberalismo en Madrid

28. enero 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Durante la rueda de prensa en la que ayer anunciaba la renuncia de su gobierno a continuar con el proceso de privatización de seis hospitales públicos, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acudió en exclusiva al argumento de que esta decisión se ha debido en exclusiva a la incertidumbre judicial que rodea la medida.

Bien es cierto que la suspensión cautelar sobre el proceso de privatización que ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (atendiendo en todo caso a cuestiones formales del concurso, y no a su esencia), ha supuesto un freno para las aspiraciones del PP madrileño. Sin embargo, no es menos cierto que la presión social contra las externalizaciones impuestas por el gobierno de Ignacio González ha resultado determinante a la hora de que el Tribunal haya decidido en este sentido y no en otro.

En todo caso, llama la atención que sólo uno de los tres poderes del Estado, concretamente el judicial, sea sensible al sentir mayoritario de la población del país. Más allá de su obligación de interpretar la ley con arreglo a la realidad social en la que desarrolla su labor jurisdiccional, el poder judicial se ha convertido últimamente en la salvaguarda de los derechos constitucionales, frente a las agresiones que contra ellos perpetran los poderes ejecutivo y legislativo.

Los que no suelen escuchar al pueblo son nuestros gobernantes, quizá porque a pesar de la magnífica labor desarrollada por los colectivos agrupados en torno a la llamada Marea Blanca, buena parte de la población afectada por el ideario neoliberal, sólo está dispuesta a quejarse en el salón de su casa. De no ser por esa odiosa “mayoría silenciosa” de la que tanto alardean los Moncloa Boy’s, la paralización del proceso de privatización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Del Sureste, Del Henares y Del Tajo a favor de las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo, se hubiera producido mucho antes, y posiblemente, sin intervención judicial alguna.

Ahora sólo queda por saber si el dimisionario consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández–Lasquetty (el gran derrotado de esta operación fallida), seguirá o no los pasos de su antecesor Juan José Güemes como directivo de alguna de las empresas sanitarias privadas en cuyas manos intentó poner la salud de los madrileños. Reconocimiento de los servicios prestados, lo llaman en otros ámbitos.

 

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