Xenofobia institucionalizada

6. octubre 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Que el modo de producción capitalista está lleno de contradicciones, es algo que ya casi nadie pone en duda. Esta misma semana hemos podido percibir una de ellas, a través de dos escenarios diferentes. El pasado martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertaba en su último informe de que la precariedad salarial y la creciente desigualdad social que se están produciendo en los países desarrollados, pueden conducir a una espiral proteccionista que cuestione la premisa fundamental del neoliberalismo: máxima liberalización de las relaciones comerciales, económicas y laborales.

Al igual que el uróboros, el mito autofágico de la antigüedad, el capitalismo se devora a sí mismo cuando comienza a generar las condiciones que lo hacen inviable.

De ahí que ese mismo martes, a muchos kilómetros de distancia respecto al lugar en el que el FMI presentaba su informe, la ministra británica del Interior, Amber Rudd, anunciaba que el Partido Conservador se dispone a aprobar una legislación para obligar a las empresas instaladas en el Reino Unido a revelar el número de trabajadores extranjeros que tienen en nómina.

El propósito de esta xenofobia institucionalizada es, según Rudd, “asegurar que la gente que viene está llenando los vacíos en el mercado laboral, no asumiendo trabajos que podrían realizar los británicos”.

Como medida complementaria a este delirio nazi del actual gobierno británico, los conservadores se proponen también endurecer los requisitos para la emisión de visados a estudiantes procedentes del extranjero.

Lo que ha hecho el Partido Conservador británico es anunciar su disposición a transformar en ley el “discurso” lumpen de esas chonis y canis barriobajeros, que andan por Europa diciendo que “los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo y las ayudas sociales”. Que ocurra esto en cualquier país del mundo, es preocupante; pero que suceda en un Estado que hace gala de una de las más prolongadas trayectorias democráticas del planeta, es algo que hace saltar todas las alarmas.

En el caso de que llegara a ponerse en marcha esta medida legislativa contra los trabajadores españoles en el Reino Unido, lo normal sería que nuestro país reaccionara con otra medida similar, pero ahí entran en juego las diferencias entre las dos economías nacionales. Así, mientras el Reino Unido tiene un potente sector secundario (27,0% del PIB) forjado, sobre todo, en torno a actividades de alto valor añadido, en España seguimos viviendo del sector servicios en general (74,9% del PIB), y del turismo en particular. De este modo, mientras el Reino Unido tiene una deuda pública del 87,7% del PIB, en España se sitúa en torno al 100% del PIB.

Por eso sería impensable que nuestro país respondiera a esta iniciativa ultranacionalista de los conservadores británicos, con una restricción equivalente a la entrada de turistas del Reino Unido en España. Esa es la razón de que el crecimiento económico anunciado a bombo y platillo por el régimen de Rajoy sea puro cartón piedra. Por eso, España está inerme ante los posibles agravios que terceros países puedan llevar a cabo contra las trabajadoras y trabajadores españoles que allí se encuentran.

 

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