Al menos 27 detenidos han sido torturados hasta la muerte en las cárceles libias desde el triunfo de los insurgentes

2. octubre 2013 | Por | Categoria: Hoy destacamos, Internacional

>>> Naciones Unidas calcula que en el país hay unos 8.000 presos sin el debido proceso, la mayoría de ellos, partidarios de Gadafi

Trípoli (Libia) / Ginebra (Suiza).- Un informe publicado ayer de forma conjunta por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirma que los abusos contra los detenidos continúan en todo el país a pesar de los esfuerzos del Gobierno por acabar con ellos. El documento tiene 17 páginas y es el resultado de la información obtenida de primera mano durante las visitas de UNSMIL a casi 30 centros de detención a lo largo de los dos últimos años. En él se han incluido declaraciones de los detenidos, familiares, funcionarios y de la sociedad civil, así como informes médicos y otros elementos de documentación.

El informe sostiene que las detenciones prolongadas y los interrogatorios por parte de las brigadas armadas que se alzaron contra el gobierno de Gadafi, crean un entorno propicio para la tortura u otros malos tratos, al ser realizadas por personas sin experiencia o capacitación en el manejo de los detenidos, y sin supervisión judicial efectiva. Cuando los centros de detención han sido entregados a oficiales entrenados de la Policía Judicial, se han producido importantes mejoras en la condición y el tratamiento de los detenidos, por lo que UNSMIL y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recomiendan la inmediata transferencia de los detenidos que permanecen en poder de las brigadas armadas, al control efectivo del Estado.

La investigación realizada concluye que la tortura está generalizada y es más frecuente en los momentos inmediatamente posteriores a la detención. La gran mayoría de los aproximadamente 8.000 presos relacionados con el conflicto también están detenidos sin el debido proceso. Muchos de ellos fueron arrestados en sus casas, lugares de trabajo, en la calle o en puntos de control de seguridad, bajo la sospecha de haber sido simpatizantes del gobierno de Muamar El Gadafi, o por formar parte de alguna etnia o tribu en especial.

La portavoz en Ginebra de la Oficina de Derechos Humanos, Ravina Shamsadani, dijo que los detenidos que hablaron con los investigadores sostuvieron que habían recibido golpes, descargas eléctricas, y que también habían sido colgados por los pies, quemados y privados de alimentación por largos periodos.

Por ello, Shamsadani sostuvo que las autoridades “deberían trabajar para lograr que el sistema de justicia penal establezca salvaguardas que protejan a los detenidos de cualquier tipo de abuso y que pongan fin a la impunidad de los violadores de los Derechos Humanos”.

El informe registra 27 casos de muerte bajo custodia desde finales de 2011, en los que la tortura fue presumiblemente la causa del fallecimiento. Naciones Unidas también ha recibido información sobre otros casos similares durante este período, pero no fue capaz de documentarlos plenamente. Once de las muertes señaladas se produjeron durante este mismo año en centros de detención que están bajo la autoridad nominal del Gobierno, pero que de hecho, están a cargo de los grupos armados que surgieron durante la insurrección de 2011. Algunos de sus componentes admiten abiertamente haber cometido actos de tortura y los justifican. De hecho, Naciones Unidas advierte que a menos que se tomen medidas urgentes, la tortura se institucionalizará en Libia.

En el informe, se señala que las autoridades libias se han comprometido, al más alto nivel, a asegurar la entrega de los detenidos al Estado, a poner fin a la tortura, y a garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Desde 2012, el Gobierno ha tratado de someter a su autoridad los centros de detención, pero en muchos casos, las brigadas armadas han mantenido el control real de los mismos.

En abril de 2013, Libia también aprobó una ley que penaliza la tortura, las desapariciones forzadas y la discriminación, que prevé penas que van desde los cinco años prisión hasta la pena capital. En septiembre de 2013, el país adoptó una nueva ley sobre la justicia de transición que establece que la posible culpabilidad de los detenidos relacionados con el conflicto se dirimirá en un plazo no superior a 90 días.

El representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Tarek Mitri, ha dicho que la situación actual de detenciones arbitrarias y torturas “va en contra de los propios objetivos de la Revolución 17 de febrero de hacer una clara ruptura con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del régimen anterior”. “Todos los libios deben unirse para poner fin a los abusos sobre los detenidos y contribuir al establecimiento del Estado de Derecho en el país”, agregó el Sr. Mitri.

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha reiterado que la tortura es una herramienta clave del régimen represivo anterior en Libia y llamó a la plena rendición de cuentas por los crímenes del pasado y por los del presente. “La tortura es ilegal, bajo cualquier circunstancia y sin excepciones”, dijo Pillay. “La situación de los detenidos en Libia es alarmante y si bien ha habido algunos avances, hay una urgente necesidad de renovar los esfuerzos para prevenir la tortura, investigar las denuncias y procesar a los responsables”, ha añadido.

Foto: VOA – E. Arrott

 

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