Amnistía Internacional y Greenpeace piden una investigación penal sobre los vertidos tóxicos de Trafigura en Costa de Marfil

25. septiembre 2012 | Por | Categoria: Hoy destacamos, Internacional

>>> 17 personas murieron y más de 100.000 tuvieron que solicitar asistencia médica tras esta catástrofe ocurrida en 2006

Ginebra (Suiza).- Amnistía Internacional y Greenpeace han publicado un informe conjunto en el que reclaman que se abra una investigación penal en el Reino Unido contra la multinacional Trafigura por su papel en el vertido de 500 toneladas de residuos tóxicos que en 2006 afectó a más de 100.000 personas en la localidad marfileña de Abiyán, causando la muerte de 17 de ellas.

El informe “The Toxic Truth” es el resultado de tres años de investigación en profundidad sobre la sucesión de errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria, política y medioambiental. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tales tragedias cuando varios gobiernos no impidieron el avance del barco Probo Koala y su cargamento tóxico hacia Abiyán.

El documento, de 230 páginas, se ha presentado con motivo de la reunión en Ginebra de los Estados parte en el Convenio de Basilea, un instrumento que pretende garantizar que los desechos tóxicos derivados de procesos industriales realizados a bordo de barcos no vuelven a verterse en países pobres. 

Amnistía Internacional y Greenpeace cuestionan la legalidad de un acuerdo alcanzado en Costa de Marfil por el que Trafigura evitó ser procesada por su responsabilidad en el vertido de los residuos tóxicos. El informe arroja más luz sobre las demoledoras consecuencias del vertido tóxico a través de entrevistas tanto con las víctimas del vertido como con los médicos que las asistieron.

“Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar esta horrible tragedia”, afirmó el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty. “Ya es hora de que se obligue a Trafigura a responder plenamente ante los tribunales por lo sucedido. A la población de Abiyán no sólo le falló su gobierno, sino también los gobiernos europeos que no hicieron cumplir su propia legislación. Todavía hay víctimas en espera de obtener justicia, y no existen garantías de que no vuelva a cometerse un delito empresarial de esta índole”, señala.

Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, apuntó durante la presentación del informe que “este es un caso de delito empresarial, de abuso contra los Derechos Humanos y de inacción de los gobiernos para proteger a la población y el medio ambiente. Es un caso que pone de manifiesto el fracaso de los sistemas de aplicación del derecho internacional a la hora de vigilar a las empresas que realizan operaciones transnacionales, y también evidencia cómo una empresa se ha aprovechado al máximo de lagunas e imprecisiones jurídicas y jurisdiccionales, con terribles consecuencias”.

Según Naidoo, “no es demasiado tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes. Sólo entonces será posible esperar que nunca se repita una catástrofe de estas características.”

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades holandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que a juicio de Greenpeace y Amnistía Internacional supone una grave violación de las obligaciones jurídicas por parte de Holanda.

El Probo Koala intentó descargar los residuos en Nigeria, pero el país africano se negó a admitirlos. El 17 de agosto de 2006, Trafigura escribe por correo electrónico a Puma Energy, su filial en Costa de Marfil, para notificarle la inminente llegada del Probo Koala y pedirle que organice los preparativos para la descarga de los residuos en Abiyán. Un día después se designa a la Compagnie Tommy, una empresa local sin capacidad para procesar residuos, para descargar el cargamento tóxico en diversos vertederos de la ciudad.

El 19 de agosto de 2006, el Probo Koala llega a Abiyán y los residuos son descargados y arrojados al vertedero de Akouédo y otros lugares de la ciudad por camioneros contratados por Compagnie Tommy. Al día siguiente, Abiyán amanece envuelta en un desagradable olor y miles de sus habitantes experimentan síntomas físicos como dolor de cabeza, vómitos, diarrea, irritación cutánea, dificultades respiratorias y hemorragia nasal.

En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento. En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal holandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas.

El informe contiene asimismo recomendaciones completas a la comunidad internacional sobre la manera de impedir que se repita una tragedia como esta. Esto incluye directrices claras para conseguir que las empresas que realizan operaciones transnacionales no puedan eludir la plena rendición de cuentas por los abusos contra los Derechos Humanos y contra el medio ambiente.

Trafigura afirma en un comunicado que “el informe contiene imprecisiones y tergiversaciones importantes, y que simplifica en exceso los difíciles aspectos legales, los analiza basándose en supuestos infundados y llega a conclusiones parciales que no reflejan debidamente la complejidad de la situación ni de los procesos legales. Tribunales de cinco jurisdicciones distintas han examinado los distintos aspectos de los hechos, se han tomado decisiones y se han alcanzado acuerdos. Simplemente es un error insinuar que el asunto no se ha sometido al debido escrutinio judicial”.

Los autores del informe señalan que por el momento, Trafigura no ha señalado cuáles son esas imprecisiones, tergiversaciones y simplificaciones excesivas que afirma que contiene el documento.

Fotos: Amnistía Internacional

 

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