Archivada la causa contra el anterior Gobierno de Zaragoza por el pago de despidos de Auzsa con dinero público

29. abril 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> El juez estima que la decisión del equipo de Belloch pudo ser errónea, pero no aprecia en ella indicios de prevaricación y malversación

Zaragoza.- El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, ha dictado un auto de sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra miembros del anterior gobierno municipal de la capital aragonesa por el pago con dinero público de 153 despidos en la empresa Autobuses Urbanos de Zaragoza (Auzsa), concesionaria de ese servicio.

El magistrado considera que no existen indicios racionales de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de los que se acusaba al exalcalde Juan Alberto Belloch, a los consejeros Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, al interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza, José Ignacio Notivoli, y al jefe de Servicios Jurídicos, Luis García-Mercadal.

En referencia a los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, afirma el magistrado instructor que puede discutirse la interpretación y considerarse la decisión errónea o equivocada pero, en ningún caso, puede considerarse que sea una resolución en donde concurran los requisitos del delito de prevaricación. Sobre las cantidades solicitadas y su inclusión en conceptos denominados “costes laborales” o de “desequilibrio económico” de la concesionaria, considera el juez que se trata de meras cuestiones de legalidad ordinaria y que han de resolverse, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La querella, presentada en el juzgado el 17 de diciembre de 2015 por el sindicato Somos, ha centrado el debate jurídico entorno a quién debía asumir el coste extraordinario generado por la reducción de plantilla que Auzsa había llevado a cabo al producirse una reducción de casi 3 millones de kilómetros en el kilometraje pactado en el pliego de condiciones, que tras la entrada en funcionamiento del tranvía, pasó de 21.000.000 millones al año, a 18.071.019.

Auzsa entendió como necesario el recorte de la plantilla y que era el Ayuntamiento el que debía asumir el coste de reducción por lo que reclamó al Consistorio zaragozano 2.137.155,47 euros. De ellos, 1.915.783,23 euros por las indemnizaciones a los 153 trabajadores despedidos y los trámites de su extinción laboral y 221.372,24 euros en concepto de costes de puesta en marcha del servicio.

El magistrado entiende ahora en su auto que el proceso de licitación del servicio público del transporte urbano de viajeros por autobús “careció de la claridad y concreción deseable” en todo lo que respecta a la subrogación del personal de la antigua concesionaria. Y añade que “quizás” del último párrafo de la cláusula 27.3 “podría deducirse que el coste laboral no debería ser asumido por el Ayuntamiento, al señalar que en ningún caso el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá ninguna responsabilidad en relación con dichos trabajadores ni tendrá obligación alguna de responder de las obligaciones de Tuzsa o de la nueva sociedad concesionaria frente a dichos trabajadores”.

También recuerda que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó el 6 de noviembre de 2013 una sentencia en la que consideraba ajustada a derecho la decisión extintiva de la relación laboral de los citados empleados.

Contra la resolución de sobreseimiento de la causa, cabe recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza en el plazo de tres días y de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en el plazo de cinco días desde su notificación.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

Tags: , , , , ,

Comentarios cerrados