Desestimadas las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Zaragoza contra el derribo de Averly

26. mayo 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> El TSJA ha ha calificado de “fraude procesal” la actuación del Ayuntamiento

Zaragoza.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado por “improcedente” la solicitud realizada el pasado 13 de mayo por el Ayuntamiento de Zaragoza para que suspendiera cautelarmente la orden del Gobierno de Aragón que protegió una parte de los inmuebles de Averly. El Consistorio pretendía que el Tribunal ordenara suspender la tramitación de la licencia de derribo de los edificios no catalogados solicitada por la empresa Brial mientras el TSJA resuelve si esa catalogación es suficiente o debe ampliarse a todas las instalaciones.

En su auto el tribunal ratifica los argumentos de Brial contra la adopción de medidas cautelares. La Sala acusa al Ayuntamiento de “fraude procesal” por asumir ahora la posición de demandante, cuando está personado en el procedimiento judicial como codemandado

El consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, considera que cerrada esta vía para el Ayuntamiento “sólo queda la vía política” y el derribo de Averly “está en manos de una decisión política de los grupos municipales, y desde Zaragoza en Común pedimos apoyo a todos ellos para salvar Averly”. Especialmente, Muñoz se ha dirigido a aquellos grupos que votaron por acelerar el derribo: PP, PSOE y Ciudadanos.

En su auto el tribunal también recuerda al Ayuntamiento que ya se pronunció en 2014 sobre la adopción de medidas cautelares y le recrimina que pretenda utilizarle como excusa para no resolver la licencia de derribo de los edificios no catalogados, cuando ya le dejó claro en su momento que “no existía ninguna circunstancia para proceder a la suspensión del derribo”.

Concretamente la Sala en el auto dictado hoy establece que “resulta improcedente, pues aparte de desconocer lo ya acordado por esta Sala en el incidente cautelar instado por la Asociación recurrente, y de pretenderse por el Ayuntamiento que por esta Sala le excuse o libere del ejercicio de sus propias competencias en tanto se resuelva el recurso -en la anterior pieza manifestó que no existía ninguna circunstancia para proceder a la suspensión del derribo que se había interesado por la propiedad-, con la postura que ahora viene a adoptar incurre en un manifiesto fraude procesal, asumiendo la defensa de los intereses de la Asociación recurrente (…) cuando la postura del Ayuntamiento en el proceso, dada su condición de codemandado, no puede ser otra que la de pretender la desestimación del recurso”.

Además, tal y como esgrimió Brial en sus alegaciones, el TSJA considera que no existen circunstancias nuevas que justifiquen la adopción de medidas cautelares en este momento del procedimiento; requisito que exige la ley. La Sala considera que “en el presente caso no se dan circunstancias de tal naturaleza”. Por todo ello el tribunal además de rechazar la pretensión del Ayuntamiento de Zaragoza, le impone el pago de las costas.

Ante esta decisión del TSJA, Brial vuelve a exigir al Gobierno municipal de Zaragoza que conceda la licencia de derribo de las naves no catalogadas de Averly y abandone las maniobras dilatorias. Desde la compañía recuerdan “que no habiendo ninguna medida cautelar en vigor, el Ayuntamiento está obligado a resolver el expediente al ser un acto reglado. Más de dos años después de que Brial solicitara la licencia (diciembre de 2013), el Consistorio aún no lo ha resuelto; algo que, en el escenario más favorable para el Ayuntamiento, debería haber hecho antes del pasado 18 de febrero de 2016”.

Ante esta situación, Brial, después de más de quince meses sin respuesta, presentó a finales de abril un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio zaragozano por responsabilidad patrimonial, que ha sido admitido a trámite por el juzgado número 3. Concretamente, “por el silencio administrativo que ha mantenido el Ayuntamiento desde que esta empresa presentara en febrero de 2015 una petición de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos al no resolverse la licencia de derribo”.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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