El actual gerente de Plaza asegura que la sociedad pagó 151 millones de euros por trabajos no ejecutados durante la urbanización

20. octubre 2014 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> Según los datos, las obras de urbanización se licitaron por 167 millones de euros, se adjudicaron por 146, y finalmente se liquidaron por 397

Zaragoza.- El actual gerente de la empresa pública Plaza, Jesús Andreu, ha cifrado en 151 millones de euros los trabajos de urbanización y las obras complementarias pagados pero no ejecutados en su día. Andreu ha intervenido por espacio de casi cuatro horas en la última sesión de comparecencias de la comisión de investigación sobre Plaza de las Cortes de Aragón.

El actual gerente ha relatado que las obras de urbanización se licitaron por 167 millones de euros y se adjudicaron por 146 millones de euros. Finalmente, se liquidaron por 397, “casi el triple de su adjudicación”. Ha cifrado “el exceso” en 250 millones de euros, de los cuales 151 millones de euros son obras pagadas pero no ejecutadas; unas cifras a las que hay que sumar el IVA.

De la primera fase de urbanización, Andreu ha cifrado las cantidades pagadas pero no ejecutadas en 47 millones de euros. Por su parte, en la segunda cree que la diferencia asciende a 104 millones de euros.

A estos 151 millones en obras pagadas pero no ejecutadas, Andreu ha sumado otros 50 en concepto de sobrecostes de varias naves de la plataforma logística. En total, ha indicado que la diferencia asciende alrededor de 200 millones de euros.

Andreu asegura que con un 70% de ventas extraña que “afloren en la crisis inmobiliaria más de 180 millones de euros de deuda” y que la sociedad “sea viable con el apoyo de los socios”. Cree que sin el pago de los 200 millones de euros, Plaza tendría pagadas sus deudas y “todas las ventas hechas a partir de ahora serían beneficios para la sociedad y para sus accionistas”.

Andreu ha subrayado que cuando una empresa vende el 70% de los terrenos “ha pagado lo que debía” y ahora “empiezan los beneficios”, pero que en el caso de la sociedad “la situación es de absoluta quiebra”.

El gerente ha defendido que todas las parcelas, “salvo alguna excepción”, se han vendido a precio de mercado, pero que los ingresos no han sido el problema de la sociedad sino “el coste de construcción, que ha sido muy alto”.

Denunciante

Andreu también ha centrado parte de su intervención en Chabier M., el trabajador de Acciona que llevó ante la Fiscalía lo que sucedía en Plaza. Ha recordado que durante sus encuentros antes de las denuncias, el trabajador planteó como condición para denunciar que si le afectaba a su empleo no se iba a quedar en el paro, algo que Andreu le dijo que “era algo imposible” de llevar a cabo por parte de la Administración. En este caso, Andreu le prometió el apoyo jurídico en sus relaciones con la empresa.

El gerente ha relatado que “una denuncia de este tipo afecta a la vida” y que, “por el acoso sufrido tras el conocimiento por parte de la empresa que había sido el denunciante”, Chabier M. está de baja médica. Considera que el poder político “no puede dejar que los ciudadanos que denuncian la corrupción sean objeto de control por parte de determinadas empresas o sectores” y ha pedido “más protección para los denunciantes”.

Andreu ha relatado que la segunda de las peticiones en aquel momento estaba ligada a su condición política de concejal de Lobera de Onsella en aquella época. Su preocupación era que la denuncia afectase a las subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza que iba a recibir su municipio, algo que el trabajador de Acciona cree que sucedió, puesto que le comunicó al gerente que “no se llegó al nivel de ayudas de municipios similares y cercanos”. El gerente ha relatado que Chabier M. le explicó que “tenía una serie de subvenciones comprometidas” y que sólo ha recibido “las ayudas obligadas jurídicamente”.

Recomendaciones

Por último, el gerente ha realizado una serie de recomendaciones para mejorar los criterios de control. Por un lado, considera que las empresas públicas deben tener como asesoría jurídica a los letrados del Gobierno de Aragón porque “tienen la suficiente independencia para poder negar determinadas actuaciones”; por otro, cree que las Cortes de Aragón deben tener un mayor papel, al igual que la ciudadanía. En este sentido, cree que los ciudadanos deben tener “la posibilidad de denunciar la corrupción y quedar indemnes, no sufrir acosos personales, mediáticos o políticos”.

Foto: AragónPress

 

Tags: , , , ,

Comentarios cerrados