El Gobierno de Aragón trabaja en un Decreto Ley para regular la moratoria de desahucios y el realojo obligatorio

1. octubre 2015 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, ha afirmado en las Cortes que se trata de agilizar al máximo la medida

Zaragoza.- La Dirección General de Vivienda ha decidido trabajar en un Decreto Ley que recoja aspectos como la moratoria de los desahucios y el realojo obligatorio. Lo hace para agilizar los aspectos más apremiantes que se incluirán después en una Ley de Vivienda aragonesa, con la que se ha comprometido el Gobierno a tratar la materia como un derecho.

Esa norma abordará además la vivienda social, la vivienda protegida existente, la calidad de la vivienda y los que lleva el Decreto Ley. Así lo anunció la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, que compareció en las Cortes para explicar las líneas de su Dirección General para estos cuatro años.

Andreu explicó que la situación encontrada de emergencia habitacional les obliga a adelantar cuanto puedan la tramitación y quieren que ese Decreto Ley esté cuanto antes. Por otro lado, ha asegurado que trabajan en un nuevo Plan Aragonés de la Vivienda, donde aumentar el activo de viviendas a través de la aportación del resto de departamentos de la DGA, la colaboración con ayuntamientos y por parte de entidades financieras, planteando la sanción de las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos, etc…

Asimismo, se apuesta por incentivos a la cesión de viviendas de particulares a la bolsa de alquiler social y por el establecimiento de beneficios fiscales y ayudas públicas para la rehabilitación.

Por otro lado, Mayte Andreu señaló que se trabaja con el Departamento de Derechos Sociales, más en concreto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para poder ofertar las viviendas disponibles que posee la DGA y que no han tenido demanda, para que sean un recurso más en los pueblos y facilitar la repoblación de las zonas. Son 94 viviendas distribuidas sobre todo por las provincias de Huesca y Zaragoza y que pertenecen a Suelo y Vivienda y en torno a unos 50 en pueblos como Grañén que son de particulares.

La directora general mantuvo que defienden una política de vivienda como derecho y no caridad y ha alertado de que cuando llegaron a la Dirección encontraron más de 500 recursos sin resolver, un estado “lamentable” de los archivos históricos, un parque patrimonial de viviendas sin contrato de mantenimiento y que firmaron ayer.

El parque de viviendas es de 586 viviendas (451 de la DGA, 52 cedidas a entidades y el resto son otras como las de Camineros). Asimismo, se ha revisado la red de bolsas de alquiler que se dotaba para 300 viviendas y ha recibido 3.950 solicitudes (1.233 se denegaron por no cumplir requisitos y 195 asignadas). A la bolsa han llegado 689 viviendas de las que 267 se han aceptado, 109 están arrendadas y 209 se han dado de baja. 34 de esas viviendas cedidas están pendientes de arreglar.

Actualmente, hay 29 viviendas disponibles repartidas en su mayoría por las provincias de Huesca y Zaragoza. De las 21 que se han alquilado, 18 han sido para beneficiarios del convenio con el Consejo General del Poder Judicial para los afectados por desahucios sin solución habitacional. Ese convenio, indicó, será modificado, al igual que el realizado con la Sareb, porque según Andreu, de las 80 viviendas que se dijeron que iban a ceder, en realidad han sido 27 de las que solo once están libres, el resto ocupadas. Quieren que se aporten más viviendas por parte de la Sareb.

Foto: Aragón Press

 

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