El juicio por el caso La Muela se retoma este lunes con nueve encausados pendientes de declarar

1. febrero 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> Los magistrados plantean comenzar el martes con las declaraciones de los testigos

Zaragoza.- El juicio por el caso La Muela, que comenzó el pasado 15 de diciembre, se retoma este lunes con nueve de los 40 encausados pendientes de prestar declaración ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Los primeros en declarar serán los empresarios Fernando Lavilla y Modesto Barranco, para los que Fiscalía solicita 3.600 euros de multa a cada uno por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Ambos eran miembros de la sociedad Inversiones en Activos Inmobiliarios Castelonovo SA, creada ante las posibilidades de negocio que el desarrollo urbanístico de La Muela podían suponer.

También está citado a declarar el empresario Juan Ignacio Unsaín, que se enfrenta a casi diez años de cárcel por un delito contra la Hacienda pública, cohecho y exacciones ilegales. Fiscalía considera que el empresario y primo de la exalcaldesa María Victoria Pinilla, Carmelo Aured, acordó con Unsaín que el pago de unas determinadas parcelas se hiciera a través de “PLV viviendas”, con el fin de evitar que Aured apareciera en la operación y en el cobro de las correspondientes comisiones, evitando así las consecuencias que ello supondría tanto en la declaración de impuestos como por fraude al erario público.

En relación con este asunto también está citado Miguel Ángel Horta, para el que se piden tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda pública. El acusado, administrador de PVL, suscribió un contrato con Sagain, representada por Ignacio Unsaín por la compra de unas parcelas, pero en realidad no existió ningún contrato entre PLV y los propietarios. Solo consta un pago realizado por Sagain en la cuenta corriente de PLV, entiende Fiscalía.

Uno de los principales encausados en esta presunta trama de corrupción urbanística, pendiente de declarar, es el exgerente de Aranade, Julián de Miguel, para el que se piden 24 años de prisión por varios delitos. Aranade, gestora de urbanismo municipal de La Muela, compraba propiedades municipales a bajo precio para lucrarse al venderlas a terceros. A cambio ofrecía un trato de favor, regalos y pagos a la familia de Pinilla o a sus sociedades, entiende la Fiscalía.

También tendrán que declarar como encausados los hijos de De Miguel, Julio y David de Miguel, accionistas de Tudela Inmobiliaria y Gestión SL (TIG) y para los que el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel por un delito contra la Hacieda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fiscalía acusa a los dos hermanos de haber comprado participaciones de dicha inmobiliaria con dinero entregado por su padre de Aranade. Dinero que no había declarado.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza también tienen pendiente escuchar la declaración del empresario Carmelo Aured, que se enfrenta a más de 21 años de prisión por varios delitos como tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y negociaciones prohibidas. Aured está acusado, entre otros delitos, de haber percibido comisiones por la venta de parcelas y no haber declarado el IRPF de dichas comisiones.

También declarará el que fuera su asesor, José Antonio Puyadas, al que la fiscal acusa de confeccionar las declaraciones de Aured y planificar cuidadosamente la operación defraudatoria de éste a la Hacienda Pública. El Ministerio Público pide para él más de doce años de prisión por un delito contra la Hacienda público.

Una vez escuchadas las declaraciones de los encausados, los magistrados prevén comenzar las pruebas testificales el martes, 2 de febrero, de modo que una vez que pasen los testigos y peritos propuestos por Fiscalía, se pueda comenzar a practicar la prueba solicitada por las defensas. Esto podría comenzar el 29 de febrero.

De momento la única encausada que no ha querido declarar al asegurar que se siente “indefensa” ha sido la exalcaldesa Pinilla, la principal encausada en este proceso que se enfrenta a una petición de pena de 37 años de prisión.

Foto: archivo Aragón Press

 

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