El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que la legislación hipotecaria española ampara abusos contra los consumidores

14. marzo 2013 | Por | Categoria: Hoy destacamos, Nacional

>>> El fallo determina que es contrario a la normativa europea que los jueces españoles no puedan valorar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales

Luxemburgo (Luxemburgo).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que la legislación hipotecaria española es contraria a la normativa europea sobre protección de los derechos de los consumidores. De este modo, da la razón al ciudadano marroquí residente en Martorell, Mohamed Aziz, que en enero de 2011 fue desahuciado de su vivienda cuando, tras haberse quedado sin trabajo, comenzó a dejar de pagar las cuotas mensuales a Catalunyacaixa.

El caso llegó al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, cuyo titular elevó una decisión prejudicial al TJUE ante la imposibilidad de que, en virtud de la normativa hipotecaria vigente en nuestro país, los jueces españoles puedan entrar a valorar la posible condición de “abusivas” de determinadas cláusulas contractuales firmadas entre las entidades financieras y los deudores hipotecarios.

Año y medio después de que el asunto llegara al tribunal europeo, los magistrados Antonio Tizzano (ponente y presidente de Sala), Anthony Borg–Barthet, Marko Ilesic, Jean–Jacques Kasel y María Berger han determinado que la legislación hipotecaria española incumple la Directiva europea 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en cuyo artículo 3 se dice que “las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

A este respecto, el TJUE señala en su sentencia que cuando un consumidor ha presentado una demanda sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual y la ley no permite que el juez conozca el proceso, y le impide adoptar medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, se está menoscabando la protección que pretende garantizar la Directiva.

También rechaza que en los casos en que se ha llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado “antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución”, la ley solo permita una protección al consumidor “a posteriori, meramente indemnizatoria”. A juicio del TJUE esta protección “resulta incompleta e insuficiente” sobre todo cuando el objeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, “puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda”.

En cuanto a las cuestiones parciales alegadas por el demandante, como el carácter abusivo de las cláusulas que establecen el vencimiento anticipado de la deuda por un impago puntual, la fijación de intereses de demora o el inicio unilateral del proceso de desahucio por parte del prestamista, el TJUE indica que son, precisamente, los jueces nacionales los que deben entrar a valorar su carácter abusivo (algo que impide la actual legislación hipotecaria española), aunque señala como criterio que “para determinar si se causa un ‘desequilibrio importante’ pese a las exigencias de la buena fe, debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual”.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz–Gallardón, ha realizado esta mañana unas declaraciones a los medios de comunicación presentes en los pasillos del Congreso en el que reconocía la necesidad de reformar la Ley Hipotecaria, al hilo de la sentencia del TJUE. “Asumimos desde ya el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos”, ha dicho el ministro.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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