La pinza PP-PSOE logra aprobar una moción para que el Gobierno de Zaragoza aumente los servicios mínimos de Auzsa

28. enero 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> Zaragoza en Común ha asegurado que no cederá al chantaje de poner dinero público para resolver un conflicto laboral

Zaragoza.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha asistido hoy a un nuevo episodio protagonizado por la pinza PP-PSOE. Populares y socialistas han unido sus votos para reclamar al Gobierno municipal que amplíe los servicios mínimos en la huelga de los autobuses urbanos.

Manifiestamente insuficientes”, “parciales” o “perjudiciales para la ciudadanía”. Son algunos de los calificativos que Partido Popular y Partido Socialista han expresado para referirse a los servicios mínimos del 33% fijados por el gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en este conflicto. Ambas formaciones han reclamado aumentar el porcentaje mediante sendas mociones que, gracias a los votos favorables de Ciudadanos, han conseguido salir adelante, pese al rechazo de ZeC y Chunta Aragonesista. La decisión la tomará el equipo de gobierno.

El concejal del Partido Popular Sebastián Contín ha calificado de “incompetente” el Gobierno de Zaragoza en Común. Una actitud que, tal y como ha apuntado, “no hace sino agravar esta huelga”. Contín ha manifestado que el alcalde Pedro Santisteve “miente al decir que la justicia anularía servicios mínimos más altos y al decir que son neutrales”.

Desde el PP han criticado que los servicios mínimos fijados por ZeC suponen una cifra “muy limitada” que está causando “numerosos trastornos en el día a día de la ciudad”. No en vano, ha agregado el concejal popular, “se trata de los servicios mínimos más bajos de los siete paros que ha tenido el transporte urbano de autobús en los últimos ocho años”. Dichos servicios mínimos, ha apuntado, “se ponderaron sin tener en cuenta a los zaragozanos, que son quienes pagan un servicio del que no disfrutan”.

El Partido Socialista considera “manifiestamente insuficiente” los servicios mínimos del 33%. Por ello, la concejal Lola Ranera ha defendido en su moción que la obligación del Ayuntamiento “no es situarse al lado de ninguna de las partes, sino garantizar la prestación del servicio de transporte en unas condiciones que, con el actual Decreto de Servicios Mínimos, resulta evidente que no se cumplen”.

Desde el PSOE han propuesto que se analicen cómo afecta la huelga en los diferentes puntos de la ciudad y se modifiquen los servicios mínimos en función de ello porque “no es la misma huelga en la zona de la Romareda que en Las Delicias”. Asimismo, Ranera ha exigido que los 1,2 millones de euros que lleva ahorrados el Ayuntamiento por la huelga se dediquen a mejorar el servicio.

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, considera que los servicios mínimos “deben velar por el derecho de huelga de los empleados, pero también por los derechos mínimos de los ciudadanos como a poder moverse por la ciudad, o a poder ir a trabajar”. A pesar de ello, ha manifestado que este mundo “está lleno de dictámenes que no redundan en beneficios a la ciudadanía”.

Aunque reconoce que este conflicto “va para largo y está causando muchos problemas a los ciudadanos”, considera que revisar los servicios mínimos sería “más que cuestionable”. Apuesta así por un mediador independiente. “Elevar esta cifra al 50% sería romper con la posición de neutralidad del Ayuntamiento”.


El concejal de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha insistido en defender el derecho a la huelga pero esta situación “está trascendiendo a niveles elevados”. “Si hubiéramos empezado a trabajar en junio en las demandas de los trabajadores estaríamos ahora hablando de otra cosa”, ha resaltado el edil. Ciudadanos quiere que se tenga en cuenta a los zaragozanos y ha aprobado las mociones de PP y PSOE.

ZEC no cederá al chantaje”

Por su parte, la concejal delegada de Movilidad, Teresa Artigas, ha manifestado que el Gobierno de ZeC sí que ha tomado parte en el conflicto pero “a favor de la ciudad”. “Se nos acusa de ser un gobierno débil y somos fuertes porque no hemos puesto dinero público para resolver un conflicto laboral”, ha sentenciado Artigas.

Artigas ha manifestado que el Gobierno “trabaja para que salgan a la calle el 100% de los autobuses”. Auzsa, ha insistido la concejal delegada, “tiene que garantizar que presta un servicio de calidad a la ciudad”. Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo de ZeC “no cederá al chantaje y no pondrá ni un euro”.

Auzsa es la culpable”

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Auzsa, Javier Anadón, que ha intervenido desde la tribuna del público, ha recordado que dos sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y 2 de Zaragoza en 2013 califican como “proporcionalmente adecuados los servicios mínimos en un 30% ante la implantación del tranvía”.

Anadón ha dicho que “nos quieren presentar como los culpables de este conflicto, cuando es Auzsa la que lo ha originado, al incumplir el convenio que tiene pactado con sus trabajadores, y el pliego de condiciones firmado con este Ayuntamiento”. El líder sindical ha atribuido también responsabilidad directa a la Reforma Laboral y a los recortes del Equipo de Gobierno anterior, que supusieron “el despido de 153 trabajadores, posteriormente amortizados con dinero del Ayuntamiento, motivo por el que están imputados el anterior alcalde, señor Belloch, y el vicealcalde, señor Gimeno, siendo concejal ‘neutral y al servicio de todos los ciudadanos’ don Carlos Pérez Anadón”.

Según Anadón, “en absoluto intentamos que los usuarios sean nuestros rehenes”, ya que “cuando no hay huelga, el servicio de autobús urbano es pésimo”. Por ello, ha invitado a los concejales zaragozanos a “que se tomen medidas reales para obligar a la empresa Auzsa a cumplir los pliegos de condiciones, y los compromisos firmados con sus trabajadores, y si no lo hace, rescátenla y gestiónenla directamente”.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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