Las Cortes de Aragón garantizan por Ley la inembargabilidad de las prestaciones sociales y el acceso a la vivienda

1. diciembre 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> PP, PAR y Ciudadanos han votado en contra de la obligación de ceder viviendas vacías de grandes propietarios por vulnerar la Constitución

Zaragoza.- Los aragoneses van a tener garantizado por ley el cobro de las prestaciones sociales, así como el derecho a una alternativa a la vivienda siempre que los hogares perciban ingresos iguales o inferiores a 1.065 euros al mes. Así se contempla en la Ley de medidas de emergencia social que hoy se ha aprobado en el Parlamento autonómico por unanimidad, a excepción de los votos contrarios del PP, PAR y Ciudadanos a una serie de artículos que, a juicio de estos grupos parlamentarios, podrían vulnerar la Constitución y el derecho a la propiedad privada.

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, ha defendido el texto refundido de esta Ley, que se ha elaborado con la Proposición de Ley de Podemos para la efectividad de los derechos sociales en situaciones de emergencia social y el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de prestaciones, pobreza energética y acceso a la vivienda, que nace del Decreto Ley del Ejecutivo autonómico y que fue recurrido por el Gobierno central, en algunos de sus artículos, ante el Tribunal Constitucional.

Briz, coordinador también de la Ponencia que ha tramitado el texto legislativo, ha valorado el “alto nivel de consenso” que se ha alcanzado en nueve reuniones, para “paliar la emergencia social” que existe en la comunidad, “donde en 2015 había 13.000 familias sin ingresos y la exclusión social estaba por encima del 20%”.

La Ley, compuesta de 28 artículos divididos en dos títulos relativos a las medidas de emergencia social en relación con las prestaciones económicas y en materia de vivienda, pretende “garantizar la efectividad de los derechos sociales, paliar la situación de las personas en situación de dependencia, y los desahucios y ejecuciones hipotecarias que siguen ocurriendo”, tal como ha subrayado Briz.

En este sentido, “se suspenden los lanzamientos por impagos de hipoteca o del alquiler en supuestos de especial vulnerabilidad hasta encontrar una alternativa habitacional”, ha detallado Briz. Para ello, la Ley obliga a las entidades financieras, las sociedades de gestión de activos inmobiliarios los “grandes tenedores de viviendas”, con más de quince desocupadas, a cederlas al Parque Público de Vivienda Social de Aragón.

La inembargabilidad de las ayudas y la obligación de cesión de las viviendas han roto el consenso en la votación de varios artículos de la Ley, donde PP, PAR y Ciudadanos se han desmarcado.

Así, la diputada popular Dolores Serrat ha lamentado que dotar de carácter esencial a algunas medidas, para que no sean embargables, “puede ser un error”. Asimismo, “tenemos que discrepar de la forma en la que se ha recogido la definición y la obligatoriedad de la cesión de las viviendas desocupadas, porque ataca el derecho a la propiedad”, ha añadido Serrat, tras criticar que no se hayan recogido las recomendaciones jurídicas de la letrada de las Cortes en este asunto.

Mientras, el PAR ha valorado que la iniciativa va en la línea de garantizar “una sociedad del bienestar y un Aragón próspero, sin ciudadanos de primera y de segunda”, según Elena Allué. No obstante, “no veo la emergencia ni la urgencia de la que hablan PSOE y CHA, 16 meses después de llegar al Gobierno autonómico”, ha cuestionado, antes de lamentar que a la Ley “le falta pulso para resolver los 80.000 parados en Aragón”.

Por su parte, Ciudadanos ha sostenido, en palabras de Desirée Pescador, que “la cesión obligatoria de viviendas sociales va a echar algunos de los artículos de esta Ley”. “Legislar sabiendo que se están invadiendo competencias pueda dar rédito mediático, pero ocasionará frustración”, ha lamentado.

Respecto a la posición del resto de grupos parlamentarios, Podemos ha asegurado que “hoy es un gran día”, porque atiende a “una población necesitada de que se resuelvan problemas en materia de emergencia social”, según Amparo Bella. A la formación morada, le hubiera gustado que “los márgenes [de las personas en situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad] hubieran sido más amplios”, así como que “se priorizara el gasto de la emergencia social a la paralización de gastos en protocolo”.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha valorado que la Ley responde a “los problemas de las personas que lo están pasando mal”, pero ha criticado que no se haya aprobado su enmienda que pedía una partida para el Parque Público de Vivienda Social de Aragón, “con la aplicación del 0,4% de los ingresos del Presupuesto, unos 18 millones de euros anuales”.

Por último, Pilimar Zamora, por parte del PSOE, no ve “problemas” en la inembargabilidad de las ayudas, puesto que la Comunidad tiene “competencias plenas en materia social, y responde al Estatuto”. “Con esta segunda ley que aprobamos en materia social, queremos evitar situaciones que se han vivido en los últimos años, por la crisis económica, la disminución de ingresos y políticas de recortes, no vuelvan a producirse, y que no dependan de la voluntad política”, ha asegurado.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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