Los “8 de Yesa” evitan la cárcel pero tendrán que abonar multas que suman más de 16.500 euros

6. julio 2016 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> La sentencia condena a todos por un delito de resistencia a agentes de la autoridad, y a alguno de los acusados, además, por delitos o faltas de lesiones

Zaragoza.- Los llamados “8 de Yesa” han logrado eludir la prisión, pero deberán abonar multas que suman 16.560 euros. Así lo determina la sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, Pilar Lahoz, que se ha conocido este miércoles.

Arriel D., Jesús María R., Alejandro Pablo U., Óscar A., Javier L., Sergio P., Miguel Ángel P. y Jorge Luis (éste último, diputado de Unidos Podemos por la provincia de Huesca), deberán pagar 1.080 euros cada uno (8.640 en total) por un delito de resistencia a los agentes de la autoridad durante una protesta en Artieda contra las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa, en la que resultaron heridos varios guardias civiles. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2012.

Además, siete de ellos deberán abonar multas que oscilan entre los 180 euros y los 2.160 por delitos y faltas de lesiones. La sentencia también obliga a algunos acusados a abonar indemnizaciones a agentes de la Guardia Civil, que ejercieron la acusación particular de la mano del letrado Mariano Tafalla.

Alejandro Pablo U., Óscar A. y Javier L. deberán pagar así una indemnización de 2.700 euros (más intereses); Arriel D. y Jesús María R., otra de 960 euros; Jesús María R. y Sergio P., otra de 1.800 euros; y Jorge Luis deberá abonar 90 euros de indemnización a un agente. A estas cantidades hay que sumar lo 22.020 euros que algunos acusados ingresaron en el juzgado para indemnizar a los perjudicados.

Contra las expropiaciones

El 10 de octubre de 2012, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) había convocado a propietarios de fincas afectadas por el proyecto del recrecimiento del embalse de Yesa para firmar las actas previas a la ocupación de los terrenos. “En previsión de que pudieran producirse altercados o alteraciones del orden público”, la CHE comunicó a la Delegación del Gobierno en Aragón esta convocatoria para que “se adoptasen las medidas oportunas”, dice la sentencia.

Al conocer la convocatoria, unas 150 personas (entre ellas los acusados, defendidos por los letrados Gema Garreta y José Luis Lafarga) se concentraron en la A-1601, cortando la carretera de acceso a Artieda. El oficial jefe de la cuarta Compañía de Ejea de los Caballeros “se acercó a pie” hasta la pancarta tras la que estaban los manifestantes “requiriéndoles para que se retiraran de la vía de inmediato, haciendo los concentrados caso omiso a tales requerimientos”, afirma la sentencia.

Así, “se recibió autorización gubernativa para el uso de la fuerza, comenzando a desplegarse los componentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil”. Después de tres avisos más “sin que tampoco hicieran caso los manifestantes”, se dio la orden de intervención para que el GRS fuera “en cuña y abrieran la manifestación por el centro, empujando con los escudos y porras si fuera necesario”, señala la sentencia.

Entonces, personas que estaban en la concentración “respondieron contra los agentes utilizando la fuerza física, intentando cogerles los escudos, llegando a darles golpes con las manos, patadas o golpes con las cruces de madera o banderas que portaban”, señala la sentencia conocida hoy. Algunos agentes de la Guardia Civil sufrieron lesiones por esos hechos, cometidas por algunos de los acusados, según recoge la sentencia, que reconoce que de otros golpes no se ha identificado al autor o autores.

La magistrada puntualiza que los «8 de Yesa» se opusieron “de forma activa” a la acción de los agentes y considera que “no es admisible como justificación” que no vieran cómo se acercaba hasta la pancarta el oficial jefe de la cuarta Compañía de Ejea de los Caballeros “porque lo hizo a pie” y “todas las personas que participaban en la concentración veían que había llegado la Guardia Civil”, tal y como se desprende de las imágenes grabadas ese día.

Tampoco admite la magistrada que “no oyeran o no se dieran cuenta de los avisos por megafonía” y resalta que “ninguna duda tuvieron de que la intención de la Guardia Civil era que despejaran la carretera y que pudieran pasar los vehículos” de los funcionarios de la CHE. “Así lo demuestran los gritos de ‘no pasarán’ que se coreaban como respuesta desde la parte de los concentrados”, concluye la sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Foto: archivo Aragón Press

 

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