Los médicos aragoneses de atención primaria rechazan la conversión de los funcionarios sanitarios en personal estatutario

22. mayo 2012 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> La medida es considerada por este colectivo como “un insulto y un menosprecio” del Gobierno hacia estos profesionales

Zaragoza.- La Asamblea de Médicos aragoneses de Atención Primaria rechaza la conversión forzosa de los funcionarios sanitarios en personal estatutario, tal como establece la Reforma Sanitaria aprobada por el Gobierno de España a través del Real Decreto–Ley 16/2012, de 20 de abril.

En la reunión que este colectivo celebró el pasado 15 de mayo, se consideró que la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este tema supone “un insulto y menosprecio” contra los funcionarios sanitarios, ya que “quiere expropiar el carácter funcionarial de este personal, que durante tantos años ha estado prestando asistencia pública, desde la vertiente de la salud pública y de la asistencial, en todos los pueblos de Aragón y durante todas las horas del día”.

Los médicos aragoneses de Atención Primaria critican que esta medida encierra una integración forzosa para la cual no existe presupuesto ni memoria económica, y que además supone una vulneración de las competencias autonómicas sobre la materia.

Además, este colectivo sostiene que la aplicación de esta norma “conllevará un incremento del gasto público” y que “tiene visos de inconstitucionalidad”.

Frente a lo que definen como una “actitud prepotente y dictatorial del Gobierno del Estado”, este colectivo de más de 700 funcionarios sanitarios afectados en Aragón han presentado escritos de queja al delegado del Gobierno en Aragón, al consejero de Sanidad y al director general de Función Pública.

Asimismo, la asamblea acordó enviar escritos individuales de protesta a la ministra de Sanidad y a su homólogo en el Gobierno de Aragón, iniciar una recogida de firmas dirigida al Gobierno de la nación, apoyar la manifestación que se celebrará en Madrid durante la primera quincena de junio, y plantear al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón la necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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