Más de un centenar personas se concentran ante La Aljafería para reclamar mejoras en el Ingreso Aragonés de Inserción

25. septiembre 2014 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> Los cuatro colectivos convocantes han pedido al Gobierno de Aragón que considere las enmiendas de todos los grupos parlamentarios y de los colectivos ciudadanos

Zaragoza.- Una vez más, entidades y colectivos sociales han vuelto a reivindicar este jueves cambios en el Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para que mejore la situación de los colectivos más desfavorecidos en situación de exclusión social. Ha sido en una concentración a las puertas del Palacio de la Aljafería (sede de las Cortes de Aragón) en la que más de cien personas han querido hacer visible su deseo de que la Administración garantice los recursos “mínimos” de subsistencia e integración de los ciudadanos más vulnerables que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. La concentración se ha realizado de manera simultánea a la reunión de los grupos parlamentarios en la que se discutía dicho proyecto.

Las cuatro entidades promotoras de esta concentración, Cáritas Diocesana, el Colegio Profesional de Trabajadores de los Servicios Sociales de Aragón, el Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales y la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, han reconocido el esfuerzo que realizan las Cortes y el Gobierno de Aragón a este respecto, pero han manifestado su preocupación acerca de las mejoras en el funcionamiento o tramitación de la prestación, ya que el portavoz de la Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Jesús Domínguez, afirmaba que “no está nada claro”.

Todos los portavoces han coincidido en que continúan preocupados porque “pese al esfuerzo siguen quedando fuera varios colectivos”, señalaba la portavoz del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales, Rosa Sánchez.

Una de las cuestiones principales del proyecto que causa descontento y preocupación a estas entidades es que varios colectivos sociales como inmigrantes, mayores de 65 años “que no tienen acceso a las pensiones no contributivas”, menores de 25 años, internos en centros penitenciarios y familias que hayan superado los tres años cobrando el IAI puedan quedar “en situación extrema de pobreza”.

Otras cuestiones que preocupan son las relativas a la cuantía mensual a percibir “que pueda ser inferior al 1,25 del IPREM y suponga la rebaja de más de 100 euros mensuales”, lo que “dificultará la cobertura de las necesidades básicas de las personas y familias beneficiarias”.

Además, consideran que ha de hacerse un cambio en la caducidad automática a los tres años de iniciar el proceso de inserción, y que la regulación de las ofertas de incorporación al mercado laboral deben ser “claras”. “Las incursiones en el mercado de trabajo inferiores a los tres meses deben suponer una modificación de circunstancias y no una suspensión de la prestación. Asimismo, es preciso aclarar y regular las condiciones mínimas de las ofertas laborales” han indicado.

Por otro lado piden que cesen las medidas que constituyen “una carrera de obstáculos para los solicitantes, como los amplios plazos administrativos o el aumento de los controles respecto a la legislación actual, vinculándolos a un aumento insignificante del fraude y cuestionable”. A este respecto, el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Jaime Sanaú, afirmaba que “los plazos siguen siendo dilatados y hay que acortarlos”.

Sanaú también ha explicado que “es preocupante por los momentos de dificultad que estamos atravesando” y, que de cara a este invierno, este panorama “se va a acentuar”. Aunque no ha dado cifras exactas, el director de Cáritas aseguraba que año tras año aumentan las peticiones de ayuda de las familias, “en torno al 25% desde que comenzó el año, un incremento llamativo con respecto al mismo periodo de 2013”.

Por todo ello, piden a los poderes públicos que tomen en cuenta las enmiendas de todos los grupos parlamentarios y de los colectivos ciudadanos para mejorar la situación, además de abrir un diálogo con la Administración que permita aportar ideas desde todos los puntos de vista posibles.

Foto: AragónPress

 

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