RSF dice que el gobierno de EEUU ha cometido una “grave violación a la libertad de información” al pinchar teléfonos de periodistas

15. mayo 2013 | Por | Categoria: Hoy destacamos, Internacional

>>> La organización lamenta que Obama no haya roto las prácticas antiperiodísticas del gobierno de George W. Bush

París (Francia).- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirma que el pinchazo telefónico efectuado por el Departamento de Justicia norteamericano sobre las llamadas telefónicas de los periodistas de Associated Press es una “grave violación a la libertad de información”. La medida tenía como objetivo identificar la fuente que desveló a la agencia de noticias una operación de la CIA en Yemen.

En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la AP reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012.

La organización comparte la opinión del presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, que ha calificado este acto como una “intrusión masiva y sin precedentes”, en una carta enviada ayer al fiscal general de EEUU, Eric Holder. “Reporteros Sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, considera que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”, afirma la organización profesional.

RSF lamenta que el gobierno de Obama “no ha roto con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”. Por ello, reclama una ley federal relativa a la protección de fuentes, un principio que 34 estados de la Unión reconocen legalmente.

Foto: Sede del Departamento de Justicia de los EEUU, en Washington DC (autor: Coolcaesar)

 

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