Sigena y el Gobierno de Aragón podrían solicitar la ejecución provisional de la sentencia para que los bienes regresen “cuanto antes”

9. abril 2015 | Por | Categoria: Aragón, Hoy destacamos

>>> La Generalitat de Cataluña dice que la sentencia “no es justa” y confirma que será recurrida

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y el Gobierno de Aragón están barajando la posibilidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia que se dio a conocer ayer, y que declara nula la venta a Cataluña de los bienes de arte sacro procedentes de esta localidad. La DGA ha confirmado que sus servicios jurídicos ya lo están estudiando aunque será “en los tiempos y plazos que nos marquen los servicios”.

El abogado de Villanueva de Sigena, Jorge Español, ha explicado que esta iniciativa viene a raíz de las últimas declaraciones que han escuchado del consejero de Cultura de Cataluña, Ferrán Mascarell, y que “dan a entender que no van a cumplir esta sentencia nunca”. Por ello, “cuanto antes instemos a ese cumplimiento forzoso, mejor”.

En el ordenamiento precursal, cuando se dicta una sentencia y se recurre, la parte ganadora puede solicitar una ejecución provisional a resultas de lo que ocurra con los recursos. De esta manera, “nos aseguramos una ejecución segura de esta sentencia”, ha explicado Español.

El abogado ha remarcado que esta sentencia es “clara y contundente”. Tanto, que el letrado considera “muy difícil que haya un Tribunal Superior o una Audiencia Provincial que modifiquen una sola coma”.

Si el Gobierno catalán no cumpliera la sentencia, la juez puede ordenar el secuestro judicial de las piezas, con la intervención de las Fuerzas Públicas. En este caso, tendría que ser la Guardia Civil de Patrimonio Artístico, ya que “son bienes preciosos que tienen que estar muy bien embalados para su transporte y es algo que tiene que hacer la Guardia Civil”. Si aún así hubiera resistencia por parte de las autoridades catalanas, la juez incluso podría abrirles un procedimiento penal.

Es la primera sentencia en la historia judicial española que anula la venta del tesoro artístico de un Bien de Interés Cultural, por lo que es “pionera en toda España y va a beneficiar a todo el Patrimonio Cultural español, no sólo al nuestro”, apunta el abogado.

Rechazo de la Generalitat

El consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell, ha asegurado hoy que la sentencia “no es justa” y ha demostrado su disconformidad “con el fondo y con la forma” de la misma.

Mascarell ha indicado que sus abogados ya están trabajando para recurrir la sentencia, ya que considera que “Cataluña se encargó de salvar estos bienes” y la sentencia expresa “históricamente lo contrario de lo que ocurrió”.

El consejero de Cultura ha dicho que desde la Generalitat “han de hacer lo que les corresponde, ya no por el valor cultural que lo tienen, sino básicamente por lo que representa desde un punto de vista moral y ético para una sociedad que ha hecho todo aquello que hacía falta para que unas obras no se perdieran”.

Mascarell ha recordado que existe una sentencia del año 2012, del Tribunal Constitucional, que dice “exactamente lo contrario en la línea de la legitimidad de la Generalitat de Cataluña y del pueblo catalán respecto a estos bienes”. “Hay mucho que decir y estamos convencidos que en este caso, y en representación de los intereses de la ciudadanía, tenemos derecho a seguir cuestionando la sentencia”, ha concluido.

Nulidad de pleno derecho

La sentencia de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca, dada a conocer ayer, declaraba nulas las compraventas de los bienes de Sigena realizadas por la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en los años 1983, 1992 y 1994 y reconocía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sigena como la única propietaria de dichos contratos.

Por ello, la magistrada ha acordado que los bienes, más de un centenar de piezas, sean devueltos a sus propietarios y trasladados al Monasterio de Sigena, en Villanueva de Sigena. Además, las costas del proceso judicial han sido impuestas a las instituciones catalanas. Todas las piezas fueron valoradas en su momento por Aragón en 49.855.000 millones de pesetas.

El Ejecutivo aragonés presentó una demanda el 9 de abril de 2012 y el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena lo hizo el 8 de mayo del mismo año. En ellas se solicitaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas perfeccionadas entre las monjas Sanjuanistas de Real Monasterio de Villanueva de Sigena y la Generalitat de Cataluña.

Además, con fecha de 3 de abril de 2013 se formuló por la Generalitat contestación a la demanda alegando la falta de competencia y legitimación de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena.

La resolución valora la legitimidad tanto del Gobierno aragonés como del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena a la hora de reclamar la nulidad de los contratos de compraventa, y argumenta que dichos bienes formaban parte de un bien de interés cultural declarado Monumento Nacional y no podían ser disgregados del conjunto.

Añade que las alegaciones vertidas por el representante legal del MNAC para subrayar que una gran parte del patrimonio de Sigena han sido objeto de cuidado durante ochenta años por la institución museística catalana no deben de hacer olvidar su “origen histórico” y su adscripción a un monumento nacional.

La juez desestima pues las pretensiones de las dos instituciones catalanas y condena en rebeldía a la orden de las Sanjuanistas como parte implicada en las operaciones de compraventa.

La sentencia considera que las tres operaciones de compraventa, realizadas en 1983, 1992 y 1994, no se ajustaron a lo previsto en la legislación española de patrimonio, que impide enajenar el contenido mueble de un bien de interés cultural sin una autorización previa de la administración competente.

En concreto, la compraventa de 1983 se hizo sin informar al Ministerio de Justicia de la operación y las realizadas en 1992 y 1994, con la Ley de Patrimonio Histórico Español ya en vigor, de espaldas al Gobierno aragonés, que ostentaba ya las competencias en materia de patrimonio.

La juez destaca, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 esgrimida por los representantes de la Generalitat y del MNAC en defensa de sus intereses, resuelve un mero conflicto de competencias entre Aragón y Cataluña respecto a cuestiones patrimoniales pero no entra a valorar “eventuales vicios” en el proceso de enajenación de los referidos bienes.

Una cuestión que, a su juicio, ya resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al afirmar que la interpretación de la administración catalana de la sentencia del Constitucional dejaría a la Comunidad aragonesa sin la posibilidad de recuperar piezas patrimoniales situadas fuera de su territorio.

La juez, que cifra la cuantía del pleito en unos 300.000 euros, la suma de las cantidades pagadas en las tres operaciones, señala que se enajenaron piezas integrantes de un bien de interés cultural sin la preceptiva notificación al Gobierno aragonés por lo que considera “nulas” las ventas.

Recuerda que la legislación de patrimonio se refiere a un monumento catalogado como un conjunto que incluye tanto el continente como el contenido, y no a “edificaciones vaciadas” de sus bienes artísticos.

Entiende, pues, el tribunal que al no haberse notificado previamente las operaciones de venta ni al Estado ni al Gobierno aragonés, debe considerarse que adolecen de un “vicio de nulidad absoluta o radical”.

La sentencia, que condena a las partes demandadas al pago de las costas judiciales, añade que el Monasterio de Sigena es un bien de interés cultural indivisible “cuya enajenación en partes implica su destrucción y mutilación”.

Subraya a este respecto que las piezas no era susceptibles de ser vendidas ni de ser poseídas por nadie “mientras no obtenga las licencias correspondientes de la autoridad administrativa competente”.

Foto: Aragón Press

 

 

 

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