Varias organizaciones internacionales de periodistas piden al Gobierno la independencia de RTVE y la derogación de la Ley Mordaza

5. noviembre 2015 | Por | Categoria: Hoy destacamos, Nacional

>>> El informe de la misión internacional encuentra en esta norma “peligros evidentes para el libre flujo de información”

Viena (Austria).- Un informe elaborado por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), al que se han sumado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), concluye que el Gobierno de España que sea elegido tras las próximas Elecciones Generales debe recuperar la independencia de RTVE y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

El grupo pidió además a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales de diciembre que, de ser elegidos, implementen la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejoren la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisen que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del efecto disuasorio que pueda tener en la libertad de expresión.

Una misión integrada por representantes de alto nivel de las cuatro organizaciones se reunió en junio con miembros de los principales partidos políticos de España antes de las elecciones de este año. La visita se llevó a cabo tras la aprobación de una serie de medidas por parte del actual Gobierno de España, que han podido poner en peligro la libertad de expresión en nuestro país.

Aunque destacando que los problemas de España deben ser analizados siempre en comparación con los estándares de sus vecinos europeos, el informe de la misión concluye que la Ley de Seguridad Ciudadana alberga “peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público”.

La Ley Mordaza ha sido ampliamente criticada por las principales asociaciones de periodistas de España, así como por el Colegio de Abogados de Madrid, por el Consejo General de la Abogacía Española, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por los relatores de Derechos Humanos de la ONU y por los principales medios de comunicación internacionales.

Martha Steffens, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, ha dicho que el IPI valoraba positivamente que los partidos de la oposición que se reunieron con la delegación se hubiesen comprometido a tomar ciertas acciones en cuestiones clave como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la restauración de la independencia de RTVE.

Sin embargo, agregó que las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Los partidos políticos de todas las tendencias deberían implicarse en la protección de estos derechos. Pedimos encarecidamente al partido o partidos que acaben formando el próximo Gobierno español que tengan en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopten las recomendaciones de este informe”.

En el informe se observa que las justificaciones que se ofrecieron a la misión sobre las controvertidas decisiones políticas del actual Gobierno a menudo servían para ocultar posibles efectos negativos de mayor gravedad para el libre flujo de información.

Por ejemplo, uno de los miembros del Partido Popular de la Comisión Parlamentaria Mixta que supervisa la corporación pública de radio y televisión española defendió el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente, alegando que el cambio se llevó a cabo por motivos de eficiencia. Tras dicho cambio, sin embargo, el canal ha sido constantemente acusado de parcialidad y manipulación de la cobertura informativa, lo que llevó a sus propios periodistas a presentar una denuncia ante el Parlamento Europeo en abril de 2015.

Del mismo modo, los representantes del Partido Popular destacaron que el uso de sanciones administrativas en lugar de penales en la Ley de Seguridad Pública era un “ajuste positivo que demostraba la preocupación del Gobierno por la libertad de expresión”. No obstante, expertos juristas nacionales e internacionales han señalado que este aspecto concreto de la ley es problemático ya que limita la supervisión judicial a la hora de imponer sanciones. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó explícitamente el “uso excesivo de sanciones administrativas, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales”.

Otro problema que recoge el informe del IPI es la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo, tal y como alertaba la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, tras su entrada en vigor. “Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso” denunciaba, citando como ejemplo el caso de las filtraciones, que podrían ser calificadas de delito de terrorismo.

Foto: IzquierdoJV

 

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