La Ley Mordaza genera casi 10.000 multas en siete meses por falta de respeto o desobediencia a la autoridad

30. junio 2016 | Por | Categoria: Nacional

>>> Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad son ya la segunda causa de denuncias en España

Madrid.- Un año después de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” y de la paralela reforma del Código Penal, el balance no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 son por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden. Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito.

Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad (tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana) se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior.

Uno de los colectivos más perjudicados por esta norma totalitaria es el de los periodistas. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que “si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar ‘colega’ a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión”.

La sensación que tengo es de una rabia inmensa. Vivimos en un estado policial encubierto”. Así se expresa Esther Yáñez, periodista de “Diario Vice”, un programa de reportajes de Canal#0, apenas 48 horas después de recibir una notificación de multa de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid. La sanción administrativa “por infracción grave” se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.

El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”, explica la periodista a Reporteros Sin Fronteras.

Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la “Ley Mordaza”.

El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista “Argia” compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007.

Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.

Lejos de amedrentarse por la multa, Axier López no solo no ha procedido a liquidar la sanción, sino que, amparado en todo momento por el medio en el que trabaja, se ha transformado en uno de los periodistas más activos en contra de la “Ley Mordaza”, con importantes resultados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario “Argia”, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra y de UPN, que se abstuvo.

Más recientemente, a principios de junio, las Juntas Generales de Guipúzcoa, con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos, se comprometieron a no aplicar la normativa en la provincia, en lo que constituye el primer acto formal de desobediencia a la “Ley Mordaza”. ¿Se trasladará esta voluntad de desacato institucional a las fuerzas de seguridad en Guipúzcoa? “Es el quid de la cuestión”, responde Axier López a Reporteros Sin Fronteras, “saber si los distintos cuerpos de policía respetarán la decisión o seguirán sancionando. Al menos, estamos satisfechos porque contamos con tres compromisos claros: un rechazo público contundente a la Ley Mordaza, la solidaridad con los afectados si se produjeran nuevos casos y la voluntad clara de no aplicar la ley en Guipúzcoa”, añade el periodista.

Mercè Alcocer, periodista de “Catalunya Ràdio” con una larga trayectoria en información de tribunales, acudió, el pasado 20 de febrero, a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer hizo caso al primer instinto de cualquier periodista: preguntar a las fuentes. Trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional le interceptaron el paso y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad, que no piensa pagar y que va a recurrir.

He sido el chivo expiatorio: como no soy una periodista habitual en la cobertura de la Audiencia Nacional, se han atrevido conmigo y dudo de que lo hubieran hecho con los que siempre están allí. Tuve la sensación de que mi comportamiento no gustó desde el principio al jefe de policía y que quiso marcar territorio”, explica Alcocer a RSF. La periodista se encuentra inmersa en el proceso de alegaciones contra la sanción.

La notificación de la sanción es patética. Cuando mis abogados han pedido una ampliación de los hechos denunciados, ésta ha sido aún más patética. Hemos presentado nuestras alegaciones y somos conscientes de que no se echarán atrás, como sucede con la inmensa mayoría de las multas administrativas. Éstas solo se ganan en los juzgados y nos veremos en un juicio contencioso-administrativo”, añade la periodista.

De nuevo, la precariedad incide decisivamente en las consecuencias que puede tener sobre un informador la aplicación de la Ley Mordaza: a mayor desprotección del periodista, mayor probabilidad de acusar los efectos de amedrentamiento y autocensura que persigue la normativa”, asegura Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España. “El valor probatorio que concede la ley a los agentes de las fuerzas de seguridad hace que todos los casos se transformen en la palabra de un periodista contra la palabra de un policía. Es obvio quién tiene las de ganar”, añade.

Ley “abominable”

La “Ley Mordaza” ha sido calificada de “abominable” por el New York Times, que considera que la normativa retrotrae a los “días más oscuros del franquismo”. Relatores de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación internacionales han pedido su derogación. Reporteros Sin Fronteras, no ha cesado de exigirlo desde el mismo momento en que el Ejecutivo comenzó a elaborar el primer borrador.

RSF aprovecha la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento surgida de las elecciones del 26 de junio para instar a todos los partidos políticos contrarios a la normativa a ponerse de acuerdo en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Solo el Partido Popular en el Gobierno en funciones defiende en su totalidad esta ley coercitiva, arbitraria e intimidatoria para los periodistas y los ciudadanos. Instamos a las fuerzas políticas a aprovechar la composición del nuevo Congreso de los Diputados para evitar que, en 2017, tengamos que hacer un nuevo balance de periodistas víctimas de la Ley Mordaza, con motivo del segundo aniversario de su entrada en vigor”, concluye Malén Aznárez.

Foto: PP Madrid

 

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