Las últimas medidas económicas de Zapatero provocan una oleada de contestación social

3. diciembre 2010 | Por | Categoria: Nacional

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>>> Varios colectivos de izquierda han convocado una concentración ante la sede de Ferraz para este mediodía

Madrid/Zaragoza.- Las últimas medidas económicas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobará hoy en Consejo de Ministros (entre las que se incluye la supresión desde febrero del subsidio de 426 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones) están provocando un creciente movimiento de oposición social.

 


Varios colectivos de izquierda como CGT, Ecologistas en Acción o Izquierda Anticapitalista, han convocado este mediodía una concentración ante la sede federal del PSOE (calle Ferraz 70, Madrid) ya que, según afirman en un comunicado, “sólo cuatro días después de la reunión que mantuvo en Moncloa con las 37 empresas más importantes del país, el gobierno ZP se pliega a sus peticiones y asesta un nuevo golpe a las clases populares más castigadas por la crisis”.

 

Por ello, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para “tomar la calle y a gritar bien fuerte que es necesario parar los pies a la ofensiva del gobierno y de la patronal”.

 

Desde CCOO–Aragón se ha denunciado el nuevo “giro antisocial” de la política del Gobierno. Su secretario general, Julián Buey, hizo un llamamiento generalizado a la ciudadanía para acudir a la jornada de protesta convocada por los sindicatos el día 18 en todas las capitales autonómicas de España, ya que en su opinión, “si hacían falta más motivos, el Gobierno los ha puesto encima de la mesa, los ciudadanos no podemos quedarnos impasibles ante esta agresión continúa a nuestro presente y nuestro futuro”.

 

Por su parte, las federaciones de enseñanza de UGT y CCOO han criticado la progresiva extinción del Régimen de Clases Pasivas y la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) anunciadas por el Gobierno, ya que consideran que “esta medida se inscribe en un paquete de otras encaminadas a la progresiva privatización de servicios públicos y a la agresión permanente contra las condiciones laborales y sociales de los empleados públicos”. 

 

El sindicato aragonés OSTA ha anunciado que, según sus cálculos, la retirada de los 426 euros del PRODI “afectará a más de 24.000 aragoneses antes del verano de 2011”, por lo que “a mediados del próximo año, prácticamente la mitad de los desempleados no dispondrá de ningún ingreso” en nuestra comunidad autónoma.

 

En opinión de OSTA, “el mantenimiento de esta situación generará un grave problema de marginalidad y exclusión social”. Por ello, el sindicato aragonés viene reivindicando al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un Plan de Protección Social que contemple medidas de apoyo a estas familias, en coordinación con las demás Administraciones Públicas, entidades de ahorro y empresas proveedoras de servicios básicos.

 

Asimismo, OSTA emplaza a los firmantes del AESPA (Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón), es decir a CREA, CEPYME, CCOO y UGT “para que desarrollen el objetivo contemplado en el documento, relativo al derecho a la Renta Básica como elemento de cohesión social”.

 

Según los últimos datos aportados por la Delegación del Gobierno en Aragón, el número de beneficiarios del PRODI en Aragón se ha reducido un 44% entre marzo y octubre, pasando de 7.790 perceptores a sólo 4.298.

 

Críticas fuera del ámbito político–sindical

 

Pero no sólo en el ámbito político y sindical han levantado críticas este paquete de medidas. La organización de consumidores FACUA considera que “los errores de gestión que han provocado un importante déficit en AENA no justifican que lo público pase a manos privadas”.

 

Por ello FACUA lamenta que “en lugar de corregir esos errores, el Gobierno decida desamortizar lo público continuando con políticas liberalizadoras que han provocado enormes perjuicios a los consumidores en la práctica totalidad de sectores donde se han producido desde finales de los 90”. Asimismo, la organización critica que la necesidad de fondos para las arcas del Estado “provoque desamortizaciones con falta de visión a largo plazo en sectores que, con una correcta gestión pública, podrían generar beneficios”.

 

El Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, reunido en sesión extraordinaria en la mañana de ayer, manifestó que la anunciada supresión de la cuota con la que se cofinancian las Cámaras de Comercio, “perjudica, de forma directa, a las empresas con menos ingresos, las PYMES, y que son las beneficiarias de los principales servicios que prestan las Cámaras, con una contribución muy limitada”.

 

Cámaras recuerda, además, que “la cuota cameral tiene un destino específico, fijado por ley, para la internacionalización y la formación profesional, aspectos estos esenciales en estos momentos de crisis y en los que se demanda un mayor esfuerzo”, por lo que “su merma supondría la estrangulación de las ayudas actuales destinadas a la internacionalización de las PYMES”.

 

En consecuencia, Cámaras sostiene que “la supresión del recurso cameral de las Cámaras produciría graves perjuicios a la economía nacional y, muy directamente, a las PYMES de todo el país”.

 

Finalmente, El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, hizo ayer un llamamiento a los poderes públicos para que la crisis no suponga una merma de los derechos del Estado Social.

 

Según El Justicia, “se debe garantizar el impulso a la sanidad, la educación y la protección al desempleo y los servicios sociales, especialmente en favor de las personas que padecen un mayor riesgo de olvido o exclusión social”.

 

García Vicente insistió en que las dotaciones de las partidas presupuestarias “deben ser suficientes para los distintos programas sociales vinculados con los derechos, por lo que es necesario priorizar distinguiendo las prestaciones esenciales de las accesorias”.

 

En relación con el empleo, el Justicia pidió a los poderes públicos “que garanticen la protección de las necesidades mínimas de las personas desempleadas, así como un control riguroso de la aprobación de los Expedientes de Regulación de Empleo”.

 

 

Foto: archivo cronicadearagon.es

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