Hasta ahora, las grandes empresas de este país se limitaban a indicarle al Gobierno qué medidas tiene que trasladar al BOE, o qué indemnizaciones multimillonarias debe pagarles en el caso de que resulten fallidos proyectos extravagantes como el de la plataforma Castor. Desde ayer, aspiran también a diseñar la política fiscal del Reino de España. Julián Núñez, presidente de SEOPAN (la organización que agrupa a las principales empresas constructoras del país), sorprendió ayer con una propuesta que no pasaría de la simple majadería en un mundo normal, pero que en el mundo neoliberal que nos está tocando padecer tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad. Se trata de un nuevo impuesto indirecto, eufemísticamente llamado “aplicación de peajes en todas las autovías y autopistas del país”, que básicamente consiste en que los ciudadanos paguen por el uso de algo que ya es suyo, con el propósito…