>>> Además se le imputa la autoría de 54 grafitis en trenes e instalaciones ferroviarias con los que causó daños que ascienden a 269.534 euros

Numerosos medios de comunicación publicaron ayer con grandes titulares que la Justicia había paralizado la privatización de seis hospitales madrileños. Aunque la frase es esencialmente cierta, conviene no transmitir falsas esperanzas a esa parte mayoritaria de la población que considera que la introducción del ánimo de lucro en la gestión de los servicios públicos esenciales atenta gravemente contra el Estado del Bienestar. Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado cautelarmente es una Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de Madrid “por la que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios” relativo a la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños. El fundamento de esta decisión provisional no tiene relación con el papel de lo público en el Estado social fijado por nuestra Constitución, sino con una cuestión técnica relativa…

>>> Un encuentro ocasional entre los dos grupos provocó una brutal agresión de varios Trinitarios a cuatro jóvenes miembros de los Dominican Don’t Play

>>> Han sido imputadas 59 personas por haber sustraído más de 286.000 metros cúbicos de agua

>>> Las prostitutas de la organización seleccionaban a las víctimas y les suministraban un cóctel de drogas que las dejaban “como zombis”

Si por “sistema” entendemos el marco establecido en la Constitución Española de 1978, habremos de entender como “antisistema” a todos los que se oponen al mismo y a los que tratan de anular sus efectos garantistas para lograr que las políticas antisociales que pergeñan no reciban una contestación ciudadana visible en las calles del país. Entre ellos hay que incluir, por supuesto, a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que en octubre de 2012 hablaba de “modular” el derecho de manifestación; al eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja, que ese mismo mes hablaba de limitar el derecho a la información periodística sobre movilizaciones sociales; o a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que en noviembre se mostraba partidaria de prohibir las huelgas generales…

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 suponen para la sanidad pública la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de
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Dice un proverbio árabe que “la primera vez que me engañes será culpa tuya; la segunda, será culpa mía”. Sería bueno que los banqueros españoles lo tuvieran muy en cuenta antes de prestar dinero para la construcción de Eurovegas en nuestro país, y después de haber sido engañados por los promotores inmobiliarios que inflaron la burbuja del sector durante la década 1998–2008. Eurovegas es un proyecto idóneo para el fomento de la ludopatía, el comercio sexual, el blanqueo de capitales, la injusticia fiscal y el atropello de los derechos laborales, un proyecto que ayer fue reafirmado…

La derecha española ha emprendido el camino inverso al que la llevó a encontrarse con el resto del país en el consenso constitucional de 1978. Si anteayer Jaime Mayor Oreja cuestionaba la idoneidad de informar sobre las manifestaciones en los medios de comunicación, ayer era la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, la que se permitía opinar sobre la necesidad de limitar el derecho de manifestación para –según ella– “racionalizar el uso del espacio público”. Con sus declaraciones a RNE, Cifuentes se sitúa en el campo de quienes consideran los derechos ciudadanos como una especie de estorbo que sólo sirve para dificultar el desarrollo del orden económico natural, que por supuesto, es el ultraliberalismo. Establecer servicios…

Cada día podemos comprobar que las anticonstitucionales políticas económicas del régimen de Rajoy avanzan sin el menor obstáculo institucional. Mientras tanto, la mayoría social que se opone a ellas (podemos constatar su carácter mayoritario en un referéndum) ve cómo los gobernantes del país hacen oídos sordos a sus justas demandas. El dilema al que se enfrentan, pues, los movimientos ciudadanos que –como el 15–M o el 25–S– pretenden derribar desde la calle la Dictadura de los Mercados en la que vivimos, es que necesitan adoptar una estrategia pacífica para granjearse el apoyo el pueblo, aun sabiendo que la destrucción del Estado del Bienestar no va a detenerse aunque…