POR LUIS ANTONIO MOZOTA (*) La Ley 42/2005 de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil establece que: “a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los
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