>>> El Consejo de Ministros ha aprobado también un crédito de 192.000 euros para la modernización de la Administración de Justicia en Aragón

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha sumado a la larga lista de gobernantes que se niegan a dimitir después de haber sido pillados in fraganti cuando mentían al pueblo soberano. La semana pasada fue especialmente penosa en este sentido, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmase en sede parlamentaria que los salarios no están bajando en España, sino que están “creciendo moderadamente”. Pues bien, Sáenz de Santamaría remataba el viernes señalando que su Gobierno ha detectado un fraude de “más de medio millón de personas” que estaban cobrando la prestación por desempleo mientras trabajaban “fraudulentamente en B”. Dejando aparte el hecho de que la vicepresidenta no está precisamente en el mejor partido para sentar cátedra sobre el concepto “dinero B”, lo mínimo…

El Gobierno de España tiene una vicepresidenta capaz de ponerse “sentimental” en medio de un acto público de carácter económico. Todo un alivio para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, que desde ayer saben que quienes les gobiernan empatizan con su desgracia, tras haber adoptado una política económica tendente a empobrecerles cada día más. Después de que Rodríguez Zapatero y Rajoy no hayan sabido o querido proteger a la población española del estallido de una burbuja inmobiliaria ideada por Rodrigo Rato y alimentada por el propio ZP; después de más de 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas por una ley injusta y por unas autoridades dispuestas a cumplirla mediante la fuerza policial; después de que varias personas prefirieran el suicidio voluntario al desalojo forzoso de sus viviendas; y sobre todo, después de que se haya creado el “banco malo” para…

>>> La Comisión Bilateral acordó también ayer diversos pactos en materia hídrica y sobre la unidad de policía adscrita

Algunos dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español como Soraya Sáenz de Santamaría, José Bono o Alicia Sánchez Camacho han insistido durante los últimos días en que la apertura de un proceso independentista en Cataluña rompería el “orden constitucional”. Resulta difícil encontrar un ejercicio de cinismo político tan intolerable, si tenemos en cuenta que el “orden constitucional” está roto desde hace años, y que quienes lo han roto han sido precisamente los últimos gobiernos del PP y del PSOE. El “orden constitucional” dice en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Un precepto difícil de encajar con la burbuja inmobiliaria inventada por el tándem Aznar–Rato y tolerada…