En su estrategia de recorte de los derechos y libertades públicas, el régimen de Rajoy acaba de dar un paso más al incluir en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana la posibilidad de privatizar este concepto, que hasta ahora recaía en exclusiva sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se supone que el modelo a seguir es el de los Estados Unidos, donde (para asombro de los padres dieciochescos del liberalismo) se ha privatizado hasta el ejército, trasvasando sus funciones a tropas de mercenarios que hacen de la opacidad y de la impunidad sus principales aliados. A partir de ahora, si el proyecto de ley no cambia (y es difícil que cambie con una mayoría absoluta en manos del Partido Popular) los empleados de las empresas privadas de seguridad españolas podrán cachear, detener e interrogar a los ciudadanos de este país…