Finalmente, el régimen de Rajoy ha culminado su atentado contra el parlamentarismo y contra la democracia. La absoluta e ilegítima mayoría de la que dispone el PP en el Congreso convalidaba ayer el llamado Real Decreto–Ley 8/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; una norma que modifica 29 leyes vigentes, implantando de golpe asuntos como la privatización del Registro Civil, la liberalización de horarios comerciales, la modificación del estatus…

Las Cortes de Aragón perdieron ayer la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley Antiayuntamientos, oficialmente conocida como Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Frente a la situación de minoría en la que se encuentra el Partido Popular en la cámara autonómica, fue la abstención del PAR la que impidió que se aprobara la presentación de este recurso. Al parecer, la derecha regionalista aragonesa no parece demasiado interesada en defender el municipalismo como uno de los tres pilares territoriales de la Administración Pública en nuestro país, teniendo en cuenta que la Ley Antiayuntamientos supone el mayor ataque…

No cabe duda de que la retribución de los cargos públicos es uno de esos asuntos que se prestan a la más irracional de las demagogias. Aun reconociendo los abusos puntuales que han perpetrado determinados representantes de la voluntad popular, resulta excesivo afirmar que los males económicos del país se deben a los salarios que perciben las personas que se dedican a la política a tiempo completo. Sin embargo, en un contexto en el que algunos millones de personas comienzan a desarrollar una creciente politofobia, llegan medidas populistas como la eliminación de retribuciones a los diputados autonómicos de Castilla – La Mancha, aplaudida con fervor…

Al igual que había hecho meses atrás con la ley antidesahucios andaluza, el Tribunal Constitucional suspendió ayer la normativa aprobada por el Parlamento de Navarra que permite expropiar viviendas vacías a los bancos para ponerlas al servicio de los desahuciados. Los argumentos legales que fundamentan la sentencia son impecables. Es legalmente cierto que estas normativas, al ser autonómicas, invaden competencias reservadas al Estado central, por ejemplo, en materia de legislación civil (art. 149.1.8). Es legalmente cierto que presumir que una vivienda desahuciada está vacía puede lesionar ciertos derechos de su propietario legal (la entidad financiera); y también es legalmente cierto que establecer esta presunción para imponer una sanción…

Vaya por delante que no existe ningún motivo jurídico para que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, deba presentar su renuncia como miembro de este órgano jurisdiccional. La propia Constitución Española distingue perfectamente entre las incompatibilidades establecidas para los miembros de la carrera judicial (artículo 127) y los componentes del Tribunal Constitucional (artículo 159.4), que como bien dice su nota informativa emitida ayer “es una institución del Estado que, al igual que sus Magistrados, no forma parte del Poder Judicial”. En el primero de los casos, se prohíbe la pertenencia “a partidos políticos o sindicatos”. En el segundo (que es el que nos ocupa), la incompatibilidad se refiere a “funciones directivas en un partido político o en un sindicato” o al “empleo al servicio de los mismos”. Si el constituyente decidió introducir esta matización, tendría sus razones, seguramente…

Poco ha tardado la nueva mayoría conservadora del Tribunal Constitucional en definir las pautas que van a marcar su ejercicio. La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por Mariano Rajoy contra el decreto andaluz antidesahucios (medida que lleva aparejada la suspensión cautelar automática de la norma recurrida, por ser el presidente del Gobierno el que promueve el recurso) bien podría ser motivo para incluir el adjetivo “Poco” entre las dos palabras que dan nombre a este órgano jurisdiccional. Y es que da la impresión de que sus nuevas señorías se han mirado “Poco” el texto de nuestra Carta Magna antes de decretar la admisión a trámite del recurso de Rajoy. Un estudio más detallado les hubiera permitido comprobar que el artículo 128 dice…

Después de casi cinco años de crisis, las personas honestas han podido aprender unas cuantas cosas. La primera es que la Humanidad se divide entre personas honestas y neoliberales (obsérvese que en este segundo tipo se ha omitido el sustantivo “personas”). La segunda es que la inmensa minoría que forma este segundo grupo es la que detenta el poder económico y político en casi todo el planeta. La tercera es que los neoliberales sólo buscan instalar un modelo económico en el que todo esté permitido con tal de que los ricos acrecienten sus fortunas (competitividad, lo llaman…). La cuarta es que, como acaba de demostrar el Tribunal Constitucional portugués, las políticas neoliberales no caben en las Constituciones de aquellos países que, como Portugal o España, han adoptado el Estado del Bienestar como…

>>> El órgano judicial no considera que la reserva hídrica sea contraria a la Constitución, siempre que se interprete que no obliga al Estado

Madrid.- El Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia por la que se resuelve y en la que se desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Rioja contra…

Raúl Bruna.- Tengo claro hace mucho, mucho tiempo, que desde el punto de vista de todo lo que tenga que ver con la economía no somos libres, pero durante años conservé la esperanza de, al menos, conservar la libertad de pensamiento.   Durante décadas hemos oído a diferentes gobernantes que cualquier idea política puede ser
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En el marco de un país crispado por el fútbol, aunque no por la crisis, y abocado a un nuevo proceso electoral que –con total probabilidad– volverá a colocar a los Mercados en el gobierno de nuestras vidas, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) emitió ayer un comunicado a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu que, a pesar de estar fechado incorrectamente, constituía un oasis de cordura en medio del desierto mental por el que transitan la mayoría de nuestros políticos. Cuando la decisión sobre la coalición vasca todavía no estaba tomada, y después de manifestarse a favor de la ilegalización de la misma, el SUP insistía en que lo importante es respetar la decisión que pudiera tomar el Constitucional, ya que “si las instituciones sólo son respetadas cuando…