Que un órgano consultivo del Estado diga que hace más de una década se cometió una injusticia política y judicial con las víctimas del Yak-42 y con sus familiares, no debería ser motivo de alborozo. Mucho menos, si de ese órgano consultivo forma parte el Fiscal General del Estado, una institución ejecutiva que, en su
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Dos noticias contrapuestas han formado parte del panorama informativo este fin de semana. Por un lado, la dimisión del primer ministro surcoreano, Chung Hong–won, tras reconocer una “mala gestión” en el hundimiento del Sewol, el pasado 16 de abril. Según el propio Chung, “tras presenciar el dolor de los familiares y el enfado del pueblo, creo que es mi deber asumir todas las responsabilidades y dimitir”. Por otro lado, el alcalde popular de Cullera, Enrique Sanjuán, autorizaba el sábado unos fuegos artificiales que habían sido previamente prohibidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, a causa del elevado riesgo de incendio forestal que el espectáculo suponía. El ya conocido resultado fue un incendio forestal en la ladera…