España, ese país de medio millón de cadáveres hipotecarios

9. noviembre 2012 | Por | Categoria: Economía, Magazine

En los últimos días han aparecido diversas noticias sobre el acuerdo entre los dos grupos políticos mayoritarios para buscar una solución legal al problema de los desahucios. Ambas formaciones escenificaron su grado  de “compromiso” con esta causa ciudadana al designar a primeras espadas para tratar del asunto, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE.

En días previos el PSOE había puesto de largo entre organizaciones sociales un borrador de propuestas para prevenir y limitar los embargos de vivienda que posteriormente presentó como proposición de ley al Congreso. En este ambiente apareció un invitado inesperado, el Consejo General del Poder Judicial que a través de un informe de uno de sus grupos de trabajo contemplaba la necesidad  de una reformulación de la ley sobre ejecuciones hipotecarias. A ello se unieron declaraciones desde diversos organismos judiciales y asociaciones progresistas de jueces. No querían seguir siendo meros “cobradores del frac”. Ellos sabrán porqué se autodenominan así. El caso es que han hecho falta casi 400.000 familias desalojadas de su vivienda desde 2006 para que los aparatos políticos del Estado se decidieran a mover por fin sus oxidados engranajes. Ya veremos hacia donde.

Gobernados por leyes del siglo XIX

El particular fraude subprime español de las hipotecas no tiene su origen en la desregulación bancaria, ni en el diseño de modernos y sofisticados artilugios financiero. Es más sencillo que eso. Ha bastado con dejar prácticamente inalterable una norma del siglo XIX que otorgaba privilegios jurídicos a una determinada clase social entonces naciente en España. Los principios de esta ley se han mantenido pese a las sucesivas reformas posteriores. Por eso en un contexto histórico completamente distinto chirriaban con los de una Constitución que proclamaba el carácter social y democrático del nuevo Estado que nacía tras su promulgación. Pero ya sabemos que un peral no puede dar uvas por mucho que nos empeñemos. Ni aunque le colguemos un cartelito que ponga “Vid”.

La Constitución de 1978 ha sido ese cartel y el peral ha crecido enraizado en unos privilegios de casta que no fueron adecuadamente podados y que no se correspondían con los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los ciudadanos. Como herramienta jurídica, es un hecho cierto que la Constitución no ha servido para el propósito de cambiar en profundidad el sustrato de la realidad social y económica española. Buena parte de culpa la tienen los representantes de la voluntad popular que sólo de uvas a peras se han acordado de las clases populares. Con honrosas excepciones, hay que decir.

PP y PSOE tienen cadáveres hipotecarios a sus espaldas

El fraude hipotecario colectivo y sus derivaciones, tales como el mangoneo en las Cajas de Ahorros, constituyen síntomas de esta inapetencia partidista por el verdadero cambio social. Hagamos memoria. Por mucho que ahora muestren, una coreografía de acuerdo, ambos partidos han venido rechazando en el parlamento las soluciones que reclamaba la sociedad civil para frenar la sangría de los desahucios. El PSOE en 2003 presentó una proposición de ley para prevenir y regular el endeudamiento hipotecario de las familias, un problema que entonces comenzaba a intuirse como peligroso. Por supuesto fue desestimada por los votos del PP, entonces en el poder.

Un año después, tras la victoria electoral de ZP, Elena Salgado anunció en su discurso de investidura como ministra de Sanidad y Consumo que pondría en marcha esa misma propuesta. Sin embargo jamás se llevó a efecto. Por eso provoca vergüenza ajena que el PSOE salga ahora con una nota de prensa pidiendo “celeridad y urgencia” para resolver el problema hipotecario.

Ya con la crisis en marcha, numerosas organizaciones de consumidores y ciudadanas presentaron propuestas razonadas y razonables para acabar con la injusticia de los embargos. Algunas de estas propuestas fueron recogidas por grupos parlamentarios minoritarios y presentadas en el congreso de los diputados como proposiciones de ley. Su destino sistemático fue la papelera, con los votos de PP y PSOE, bien oponiéndose directamente o bien encogiéndose de hombros.

Con el PP ya en el poder, el ministro De Guindos presentó una “código” para que las entidades se adhirieran a un proceso que permitiese renegociar la deuda hipotecaria y mantener la vivienda.

El engendro jurídico publicado en el BOE es un ejemplo cínico de lo que el neoliberalismo entiende por legislar para todos. Mientras para la banca, la urgencia de su situación exigía publicar Reales Decretos Ley a todo trapo y cualquier coste, la ciudadanía debía conformarse con un código de aplicación voluntaria para la banca y de muy restrictiva aplicación. De su fracaso dan sobrada cuenta las cifras de crecimiento de los embargos.

En busca de la legitimidad perdida

Por razones semejantes ahora PP y PSOE se dan la mano a propósito de los embargos. Los de Rubalcaba para reconectar con la ciudadanía (o sea, al electorado) de la que llevan alejada mucho tiempo. Y el PP busca un lavado de imagen para disimular que gobierna, como siempre, para una minoría y que los resultados de su política se están traduciendo y se traducirán en más paro. Pero las costuras de esta “entente cordiale” no impiden ver el forro de oportunismo y falsedad. A la postre no han aprendido nada y siguen manteniendo su juego partidista que deja sin hueco a la sociedad civil, verdadero motor de los cambios sociales. Así cabe entender la propuesta de nombramiento de seis expertos independientes, tres por cada partido, para debatir las futuras reformas hipotecarias posibles ¿Dónde está la sociedad civil organizada? ¿Dónde las asociaciones de consumidores que han hecho propuestas? ¿Dónde están los partidos minoritarios que apoyaron desde hace tiempo soluciones dignas? Y sobre todo ¿qué dice a todo esto la banca? Bueno a esta cuestión me atrevo a responder: la banca estará en las propuestas que presente el “grupo de expertos” ¿O por qué creen que no ha dicho hasta ahora esta boca es mía?

Ahora ya que la banca está salvada con dinero público

En cualquier caso, el que los grandes partidos hayan decidido buscar soluciones conjuntas al problema hipotecario es un triunfo indiscutible de la ciudadanía más activa y valiente. No obstante, conviene analizar en profundidad la cuestión para desenmascarar apariencias y profundizar el alcance de las reivindicaciones sociales futuras. Sin quitar un gramo de relevancia a las movilizaciones anti desahucios, es importante hacer notar que la aprobación del “banco malo” ha sido un factor desencadenante del acuerdo. Aunque desde luego que no era ese el objetivo de De Guindos, ni mucho menos.

Tras poner en marcha los mecanismos para socializar las pérdidas bancarias, ahora los dos grandes partidos se prestan a escuchar a sus ciudadanos. Con el “banco malo” como sumidero de inmuebles tóxicos y las ayudas europeas solicitadas en junio al caer, la banca ya no va a tener que soportar ese lastre en sus balances ni pagar el rescate sus accionistas. Los terrenos y viviendas los va a adquirir esta sociedad inmobiliaria pública; y las ayudas devolverlas entre todos. Es decir, los bancos se quitan el marrón y lo pasa a las cuentas públicas. O sea, a todos.

A la banca ya le va a dar igual que haya impagos en sus créditos. Nada impide traspasar ese préstamo con morosidad al “banco malo” y que sea éste quien se las apañe. De hecho es lo que va a hacer con los préstamos a promotores. Pero hay una pequeña diferencia. Los ciudadanos tenemos un porcentaje de mora (impagos, para entendernos) poco más del 3% mientras que el de promotoras es superior al 20%. Con esta cifra tan ridícula, ¿porqué se ha tardado tanto en dar una solución política digna e inmediata a los cerca de medio millón de familias ya sin vivienda?

No está mal que la sociedad en su conjunto sea solidaria con quienes tienen reveses. Pero son las propias entidades las que debían que haber asumido en primer lugar esa responsabilidad, entre otras razones porque todo negocio implica riesgo. Y ellas lo evaluaron tan mal que ahora todo un país está en ruina. Aquí ha habido demasiado lucro y nada de responsabilidad. Salvo para las cuentas públicas y la ciudadanía. Y de tolerar eso los dos grandes partidos deben también de responder.

Foto: PAH Málaga

 

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