Los recortes hunden la economía española

30. enero 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Sería demasiado pedir que un gobierno intransigente y despótico escuchase la voz de la ciudadanía cuando ésta expone en público las dramáticas consecuencias que las políticas de austeridad están suponiendo para las familias de nuestro país.

Sería demasiado pedir que un gobierno ciego, sordo, mudo y perfectamente inepto analizase los datos objetivos y estadísticos que desaconsejan aplicar las políticas económicas que Moncloa viene impulsando desde mayo de 2010. Al fin y al cabo, nuestro ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, era un alto directivo de Lehman Brothers cuando la entidad quebró en septiembre de 2008.

La ciudadanía española no puede esperar a que un gobierno ilegítimo que accedió al poder ocultando a los votantes sus verdaderas intenciones, reconozca sus errores y cambie el rumbo de la política económica hacia realidades socialmente más sostenibles. Lo cierto es que después de un año de mayoría absoluta del Partido Popular y de los brutales tijeretazos realizados por el régimen de Rajoy en sanidad, educación, dependencia, administración pública, cooperación, etc. la tasa de desempleo ha pasado del 22,85% al 26,02%, las ventas en el comercio minorista han caído casi un 7% respecto a 2011, y la economía de nuestro país se ha desplomado un 1,37% frente al tímido repunte del 0,42% que se dio un año antes.

La economía española se hunde, y se hunde por culpa de los recortes presupuestarios, por culpa de la subida del precio de los servicios y suministros básicos, por culpa de la elevación de los impuestos indirectos, por culpa de los alarmantes retrocesos salariales, pero sobre todo, por culpa de quienes ejercen el poder mirando, no el interés general –como manda la Constitución–, sino los espurios intereses económicos de los más dignos herederos del caciquismo español.

En este grupo de gobernantes hay que incluir a quienes hoy están en la oposición y que todavía no han realizado la menor autocrítica por haber legislado desde el poder al dictado de los treinta y siete empresarios y banqueros más influyentes del país.

Por ello, es la ciudadanía la que de forma pacífica pero firme debe ejercer desde la calle una defensa cerrada del modelo social contenido en la Constitución Española de 1978, frente a todos aquellos gobernantes que lo pisoteen en aras de dogmas ideológicos como el de la austeridad presupuestaria o el de la privatización de los servicios públicos.

Y esa defensa debe realizarse hoy, porque –tal como indican las estadísticas oficiales– mañana puede ser demasiado tarde.

 

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