Pensionistas engañados

3. diciembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El artículo 50 de la misma Constitución Española que la derecha suele blandir para oponerse al derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas, dice textualmente que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

En desarrollo del anterior, el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social (cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio), dice que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

Sin embargo, el régimen de Rajoy ha decidido suspender la vigencia de las dos normas expuestas a través del Real Decreto–ley 28/2012, de 30 de noviembre, que lleva por cínico título “de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social”. En su artículo 2º dice que “se suspende para el ejercicio 2013 la aplicación de lo previsto en el apartado 1.1 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social” (ver párrafo anterior).

Así pues, mientras algunas lenguas de la derecha afirman, por ejemplo, que modificar la ley hipotecaria española para institucionalizar con efectos retroactivos la dación en pago o para evitar los desahucios de familias enteras generaría “inseguridad jurídica” porque la ley vigente debe ser siempre respetada, los gobernantes de nuestro país no tienen inconveniente alguno en anular parcialmente la Ley General de la Seguridad Social para contentar al dios Mercado cumpliendo sus profecías sobre recorte del gasto público y bienestar futuro.

Es la doble vara de medir de un Gobierno absolutamente comprensivo con los poderes económicos y financieros que nos han conducido a la crisis, y al mismo tiempo implacable (vía Decreto e incumplimiento constitucional) con los pensionistas, discapacitados, trabajadores, dependientes, escolares y pacientes a los que se está haciendo pagar la factura de una crisis que no generaron.

Así, cuando una ley le gusta al régimen de Rajoy, la defiende como algo inmutable, y cuando no le gusta, la ignora, la suspende o la modifica. Ocurrió con la reforma laboral (que incluía elementos retroactivos), ocurrió con el sistema de nombramiento de los directivos de Radio Televisión Española, y acaba de ocurrir con las pensiones.

En este último caso, la desfachatez de Moncloa es especialmente notable, ya que el régimen de Rajoy, después de haber anunciado una revalorización de las pensiones con arreglo a lo dispuesto en la ley, ha esperado a dar la puñalada económica a los pensionistas justo después de que concluyera el calendario de elecciones vascas, gallegas y catalanas.

En cualquier caso, la decisión del régimen de Rajoy va a empobrecer todavía más a las familias españolas, haciendo que el consumo de los hogares caiga, lo que traerá como consecuencia matemática un aumento del desempleo y una disminución de los impuestos recaudados por el Estado, lo que sin duda aumentará el déficit público.

No se puede esperar otra cosa cuando el Ministerio de Economía y Competitividad está en manos de un ayudante de Rodrigo Rato llamado Luis De Guindos, que antes de ser ministro fue directivo de Lehman Brothers en España hasta que la compañía quebró en septiembre de 2008.

 

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